El nuevo presidente del Consejo de la Organización Marítima Mundial (OMI), Víctor Jiménez, ha mantenido una reunión de trabajo durante su visita a Algeciras con el presidente y el director de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), Gerardo Landaluce y José Luis Hormaechea, respectivamente.
En el encuentro los responsables de la APBA, han trasladado al representante de la OMI su preocupación por la inclusión del sector marítimo en el Emissions Trading System (EU ETS). Se trata de la propuesta de modificación de la actual Directiva de la Comisión Europea, integrada en el denominado Green Deal europeo, que adopta una serie de propuestas que integran el transporte marítimo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% en el 2030.
Según indican desde el puerto de Algeciras, apoyan firmemente este objetivo, y prueba de ello es su adhesión a la iniciativa Call to Action, que busca la descarbonización total del transporte marítimo para el 2050, pero desde el anuncio de la propuesta en julio del año 2021, el puerto andaluz viene advirtiendo de las consecuencias negativas que tendría principalmente para los puertos del sur de Europa si se aplica tal y como está planteada.
En este sentido, el puerto de Algeciras insiste en que el planteamiento inicial provocaría una fuga de escalas a puertos cercanos no europeos para reducir el pago de los derechos de emisión, lo que se traduciría en una «fuga de emisiones de carbono, cuando el medio ambiente es el mismo, por lo que no se reducirán las emisiones mientras que el perjuicio económico y laboral para los puertos con actividad de transbordo en Europa será irreversible, perjudicando igualmente los tráficos de importación y exportación», explica el presidente de la APBA, Gerardo Landaluce.
Tras la presentación de alegaciones de la APBA el pasado mes de noviembre junto a asociaciones empresariales, sindicatos e instituciones del sector, la APBA señala que está trabajando en la redacción de las modificaciones de la norma junto a Puertos del Estado, las autoridades portuarias de Valencia y Barcelona, así como la Dirección General de la Marina Mercante. Estas propuestas, apuntan, han sido trasladadas en las últimas semanas a la Oficina Española de Cambio Climático, a parlamentarios europeos, a la Organización Europea de Puertos (ESPO) o a la propia Comisión Europea.
