El “pago por uso” de cinco carreteras vizcaínas da un nuevo paso adelante con la aprobación por parte del pleno de las Juntas Generales de Bizkaia, del proyecto de Norma Foral presentado por la Diputación para la implantación de un canon a vehículos pesados de transporte de mercancías de más de 3,5 toneladas.
El dictamen ha salido adelante gracias al apoyo de los representantes de los grupos que apoyan al Gobierno foral, Nacionalistas y Socialistas Vascos. Los junteros de EH Bildu y Elkarrekin Bizkaia se han abstenido, mientras que el grupo Mixto-PP Bizkaia, única formación que ha presentado enmiendas al texto normativo, ha votado en contra.
Los pormenores de la Norma Foral se conocerán más adelante
En contra también se han manifestado representantes de las asociaciones de transportistas autónomos Asotrava e Hiru, apoyados por asociaciones de Cantabria, como Asemtrasan, que también se ve como “perjudicados”, junto a miembros de las plataformas contra el peaje en la AP-8, AP-68 y A-636. Todos ellos se manifestaron frente a la sede de las Juntas Generales en Gernika, para expresar su rechazo al peaje.
Norma Foral
La Norma Foral incluye 15 artículos y 3 disposiciones finales, y con ella se pretende encajar jurídicamente un sistema de arcos de control “free-flow” –sin barreras físicas y sin detención de vehículos- para controlar el paso de camiones en más de 100 kilómetros de la red viaria de Bizkaia.
Los cinco tramos incluidos son la A-8 y la BI-10, desde Basurto hasta el Haya; la N-240 por Barazar, desde El Gallo hasta la variante de Ubidea; la N-636 desde Durango a Gipuzkoa (Kanpazar); el corredor del Txorierri (la BI-30), entre Erletxes y Rontegi; y la BI-625, desde Laudio hasta Basauri.
Se trata de que alrededor de 4.000 vehículos pesados salgan de las vías convencionales y circulen por las de alta capacidad, de pago. Para ello se desincentiva el uso de carreteras gratuitas en favor de otras, como la AP68 y la VSM, mejor preparadas para absorber el tránsito de camiones.
En última instancia, se pretende así reducir en un 10% el número de accidentes con camiones involucrados, y aminorar en un 13% la emisión de gases contaminantes.
El diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Imanol Pradales, ha defendido una norma que pretende cumplir con directivas europeas que impulsan el método de que “quien usa y contamina, paga”.
El canon de uso permitirá “optimizar” la red viaria y equilibrar los presupuestos forales, ya que el mantenimiento de las carreteras vía cuentas públicas se está haciendo “insostenible”, ha dicho. Servirá también para ayudar a la “descarbonización” del territorio y redistribuir los tráficos de vehículos pesados por las vías forales en donde “existe un déficit”.
Enmiendas al proyecto de canon para vehículos pesados
En la última sesión plenaria del curso parlamentario, el grupo Mixto-PP Bizkaia, única formación que ha presentado enmiendas al proyecto, ha denunciado que “el fin” de este “peaje” es hacer pagar a “todos” los usuarios, no solo a los transportistas. “No es el momento” de implantar este canon, según su portavoz Eduardo Andrade, “por la grave crisis energética” que se está viviendo, que “repercute en los costes de los transportistas” y, consecuentemente, “en los precios de los portes y de lo que pagan los ciudadanos”.
Para él, es un “nuevo impuesto” que además creará “problemas en carreteras secundarias”, y un gasto de “60 millones de euros solo para pagar los arcos”.
Las 12 enmiendas presentadas por este grupo, una de ellas a la totalidad, han sido rechazadas por el resto de grupos de la Cámara, excepto Elkarrekin Bizkaia que se ha abstenido. En ellas, se pedían exenciones para autónomos y pymes, o subvenciones para instalar los dispositivos necesarios en los vehículos, así como una reducción de impuestos acorde a la recaudación obtenida.
Rechazo de los transportistas
En esta opinión abundan las asociaciones del transporte que han denunciado reiteradamente el «afán recaudatorio» de las administraciones que pretenden aminorar el déficit de las cuentas públicas y critican que se trata de una medida «discriminatoria, porque no pagan todos los usuarios de las carreteras» y que afectará a los transportistas de Bizkaia y alrededores, que perderán competitividad con respecto al resto. Critican también la falta de concreción de las tarifas, que podrían llegar a ser “abusivas” para el sector.
En este sentido, los grupos de Elkarrekin Bizkaia y EH Bildu, han pedido que el decreto foral que debe establecer las tarifas tenga en cuenta al sector, una “tasa a la baja”, y que este canon tenga “un tope” en función del uso. Señalan que el transporte de mercancías provoca “menos del 6%” de las emisiones de CO2 en Europa y sin embargo, siempre es el objetivo de las administraciones.
También se ha pedido que la recaudación debería dedicarse a “promocionar un transporte de mercancías más sostenible”. Y no sólo para cubrir el mantenimiento de las cinco carreteras afectadas. En paralelo, se pide que se estudien subvenciones directas, cambios fiscales que beneficien al sector, un Plan Renove que favorezca la adquisición de vehículos menos contaminantes, la congelación de tasas, más acciones de inspección que persigan la piratería, “foros de coordinación” con los municipios y el sector, y una campaña pública de apoyo al sector.
