Comisiones Obreras (CC OO) ha solicitado la mediación directa del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para atajar la “situación insostenible e incomprensible” que afecta al sistema portuario estatal “ya que, de facto, se han dejado de cumplir los compromisos económicos acordados en el III Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias”.
En una carta a la que ha tenido acceso El Canal, el sindicato explica que el conflicto responde a la “falta de autorización” por parte del Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Costes de Personal, de las disposiciones económicas acordadas en el III Convenio Colectivo para el ejercicio 2023, un “incumplimiento” que “bloquea” lo “legítimamente acordado en los acuerdos de cada Autoridad Portuaria y Puertos del Estado”. A esto se le suman los informes de auditoría de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) por gasto superior a “lo autorizado”.
El sindicato CC OO contextualiza que el III Convenio Colectivo fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en el 2019 “contando con el visto bueno del Ministerio de Hacienda”, pero que la “falta de autorización de las disposiciones económicas por parte de la DG de Costes de Personal provocó la convocatoria de movilizaciones en enero del 2021”. Tras 17 días de encierro, sigue la carta, “se procedió a la autorización correspondiente por parte de Costes de Personal de las disposiciones económicas de los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022”, pero ahora se “niegan” para las del 2023, lo que “deja sin efecto el III Convenio Colectivo y bloquea los acuerdos de empresa”.
El caso de la Autoridad Portuaria de Barcelona
La misiva menciona expresamente el caso de la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB), “donde se anuncia que se van a llevar a cabo recortes salariales en las nóminas de sus trabajadores”, a raíz de los desajustes en la masa salarial detectados por la IGAE.
Los desajustes salariales denunciados por la IGAE en el seno de la APB provocaron una importante movilización de los trabajadores a las puertas del Consejo de Administración del pasado mes de julio.
Si bien no se sometió a votación ninguna medida, varios miembros del Consejo de Administración de la APB mostraron su respaldo a los trabajadores, dado que “no entendían la respuesta de la IGAE ni de Hacienda, teniendo en cuenta la cifra de negocio que genera la APB anualmente, y que se trata de pluses consolidados desde hace décadas”, según ha explicado a este medio la presidenta del comité de empresa de la APB, Soraya Díaz.
Cabe recordar que el Consejo de Administración de la APB está compuesto por 17 miembros en representación de las principales administraciones públicas con intereses en el puerto, agentes sociales y sectores del ámbito portuario –Capitanía Marítima, Gobierno de España, Puertos del Estado, Abogacía del Estado, Ayuntamientos de Barcelona y El Prat de Llobregat, Cámara de Comercio de Barcelona, CC OO, UGT, agentes de aduanas, estibadores, consignatarios y transitarios–.
La APB propone medidas dentro del marco legal
Tal como informó a mediados de julio El Canal, la APB mantenía abiertas las vías de diálogo con el comité de empresa, aunque trabajaba en una propuesta que se ajustase al “marco legal existente”. En este sentido, las medidas que tenía sobre la mesa la Autoridad Portuaria, y que ya fueron comunicadas a la plantilla, consistían en que una parte de los incrementos salariales futuros se destinasen temporalmente a corregir la desviación detectada por la IGAE.
La APB recuerda que el conflicto viene dado de un informe de la IGAE en el que se identificaba una diferencia entre la masa salarial autorizada y la masa salarial efectivamente abonada en determinados conceptos retributivos. Con las medidas que proponía la APB, “los salarios continuarían aumentando, pero a un ritmo inferior, evitando así una reducción de las retribuciones actuales”.
Tras el periodo estival, el comité de empresa de la APB prevé reunirse a mediados de septiembre para “valorar si continuamos con las medidas de presión” en función de la “respuesta” de las diferentes instituciones, asegura Soraya Díaz. En este sentido, la presidenta del comité de empresa de la APB subraya que los trabajadores continuarán con el calendario de movilizaciones acordado “si no hay ningún movimiento y estamos abocados a que a final de año se ejecuten los recortes salariales”.
