Coronavirus: ¿Quién pagará los costes de la crisis?

Joaquín Asensio
Economista
Ex Subdirector General en el Puerto de Barcelona

En el último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), sobre las “Perspectivas de la Economía Mundial”, se indica que la pandemia afectará gravemente al crecimiento en todas las áreas del mundo. En dichas proyecciones, como datos relevantes se prevé un decrecimiento del PIB mundial de un 3% para este año, que afectaría más a las economías avanzadas, con un decrecimiento del 6,1% y de un 7,5% en la “Zona del euro”. Para España, en particular, se determina una reducción del 8%. Estas proyecciones, indica el FMI, las establece bajo la hipótesis de que los efectos de la pandemia no van más allá del primer semestre de este año. Indica, además, que es muy posible que la economía mundial experimente la peor recesión desde la Gran Depresión (1929). Por otro lado, advierte que, a pesar de esta grave destrucción del PIB, se podrían registrar cifras todavía peores si las medidas de contención de la pandemia se prolongan, si las economías emergentes y en desarrollo se ven aún más afectadas o si se registran secuelas más duraderas y generalizadas, debidas a cierres de empresas y desempleo prolongado. El propio FMI reconoce que, este escenario desastroso en relación al crecimiento económico, es su escenario base y que pueden producirse todavía escenarios más adversos. Por otro lado, para el año 2021 plantea unas hipótesis más optimistas con un crecimiento de la economía mundial del 5,8% y para España del 4,3% (nótese que el efecto acumulado del año 2020 y 2021, en el mejor de los casos, nos situaría a finales del año 2022 en cifras del PIB del 2015.

A pesar de estas previsiones del FMI, los efectos económicos de la crisis del Covid-19, en mi opinión, son del todo inciertos. En primer lugar, porque se desconoce todavía la duración y profundidad de la crisis sanitaria, como se distribuirá en el mundo, que efectos económicos tendrá sobre la demanda de bienes y servicios y; en segundo lugar, con motivo de las medidas a adoptar por los gobiernos para paliar los efectos de la crisis, existe un alto riesgo de que surja una crisis financiera y ésta podría trasladar sus consecuencias de nuevo a la economía real. En definitiva, el FMI nos viene a confirmar lo que yo ya les anticipé en un anterior artículo: después del periodo de confinamiento nos vamos a encontrar con una crisis económica profunda. En conjunto vamos a ser más pobres. Si lo miramos en términos de PIB y creyendo las previsiones del FMI: un 8% más pobres.

Sea el porcentaje que sea de reducción de la riqueza del país, conviene reflexionar sobre quién va a soportar los costes de las crisis. Las crisis se pagan, de una manera u otra y durante un tiempo, en pérdida de nivel de vida real o potencial (el que se alcanzaría en el futuro si no se tuvieran que pagar estos costes). En una primera aproximación sobre quien va a soportar los costes económicos de la pandemia, deberíamos discernir entre los efectos inmediatos y los más remotos. En el corto plazo es obvio que, desde un punto de vista de los sectores productivos, los que más van a sufrir son los sectores que han tenido que cerrar con motivo del confinamiento y, especialmente, en los que la restitución de la actividad todavía llevará tiempo: turismo, hostelería, comercio, transporte de personas, cultura, etc. En el largo plazo, por los efectos indirectos e inducidos de la reducción de demanda, se van a resentir prácticamente todos los sectores, en mayor o menor medida.

Por otro lado, hay que señalar que, para poder financiar el conjunto de medidas adoptadas para paliar los efectos económicos de la pandemia (gastos sanitarios, subsidios a los desempleados y las empresas, rentas mínimas, etc.), los gobiernos van a tener importantes déficits en sus presupuestos. Esto déficits incrementarán la deuda pública de sus correspondientes estados. En el caso de España la deuda publica ascendía, al inicio de la crisis, a prácticamente el 100% del PIB. Se estima que esta deuda puede elevarse a más del 130% al final del proceso, por las medidas adoptadas y la caída de la recaudación impositiva derivada de la crisis. Es una cifra que se comenta en los medios económicos, pero creo que realmente nadie lo sabe. Es obvio que parte de esta deuda no se va a poder pagar por los ciudadanos de hoy, y la van a tener que pagar las generaciones futuras. Es decir, esas generaciones deberán prescindir de parte de su riqueza para pagar esta deuda que hemos contraído nosotros. Será dinero que no estará disponible para la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos del futuro. Si miramos entonces en el horizonte del largo plazo: ¿Quién va a pagar los costes?

Para poder contestar a esta pregunta nos puede servir de ejemplo lo que sucedió como consecuencia de la última crisis. Para ello nos son muy útiles las conclusiones del Informe publicado por Oxfam Intermón, en enero de 2018, titulado “¿Realidad o Ficción? La Recuperación Económica, en Manos de una Minoría”. En dicho informe, entre otros temas, se analiza como ha cambiado la distribución de la riqueza en España entre los años 2007 y 2016. Como principales conclusiones indica que el 10% de la población más pobre ha reducido en un 17 % su participación en la renta nacional, mientras que el 10% de la población más rica la ha visto incrementada en un 5%, dentro de este grupo, el 1% de la población más rica, en un 9%. Como consecuencia de ello, el 10% de la población más rica concentra el 54% de la riqueza del país, el resto del 90% de la población solamente dispone del 46%. El 1% de los ricos entre los ricos posee el 25% de la riqueza. En dicho informe además se señala que “España es el tercer país más desigual de la Unión Europea, solo por detrás de Rumanía y Bulgaria, y empatado con Lituania. Es el país en el que más ha crecido la desigualdad durante la década perdida (2007-2016)”. Además, dice que “La recuperación económica ha favorecido cuatro veces más a los más ricos que a los pobres”.

No hace falta profundizar mucho para saber como se han repartido los costes de la anterior crisis. Según estos datos el “ascensor social” ha bajado más veces que ha subido: se ha pagado la crisis mediante el incremento de las desigualdades sociales: los ricos son ahora más ricos y los pobres son ahora más pobres.

Podría darse el caso de que, cuando se vuelva a elaborar un informe de estas características dentro de 10 años, observemos que las desigualdades hayan empeorado más como consecuencia de la crisis actual. Entonces se dará el caso de que la crisis la han seguido pagando los mismos. Se habrán incrementado las desigualdades, incluso cuando nuestra situación de partida, tal como se expone en el informe, es de las peores de la Unión Europea.

El Gobierno español ha planteado la necesidad de acordar con el resto de fuerzas políticas un “Plan de reconstrucción económico”, una posible reproducción de los llamados Pactos de la Moncloa que dieron paso al proceso de transición política en los años 70. En mi opinión, si se llega a acordar este plan, junto al objetivo de reconstrucción de la economía para asegurar la viabilidad de las empresas, los puestos de trabajo y el incremento de la actividad económica, debería plantear dos objetivos más, como mínimo al mismo nivel. El primero es el de evitar que este proceso de reconstrucción se realice incrementando las desigualdades sociales, evitando que los costes recaigan sobre las capas más desfavorecidas de la población o que acabe destruyendo una parte importante de la clase media. El segundo, favoreciendo mediante las medidas adecuadas que funcione el “ascensor social”. Esto último solo se puede lograr invirtiendo en las políticas que favorecen la igualdad, especialmente la igualdad de oportunidades: enseñanza, asistencia social, igualdad de sexo, lucha contra la marginación, vivienda, etc. Si no se buscan conjuntamente todos estos objetivos, me temo que nos encontraremos un país con mayores desigualdades.

A pesar de lo cruda que pueda ser la crisis económica a que nos enfrentamos, también presenta algunas oportunidades si se actúa con prontitud y valentía. Estamos en una situación especial, única en la historia, en que no hay ninguna oposición a que los poderes públicos intervengan en la economía. “Los Mercados”, esos “dioses invisibles” que dictan las normas de funcionamiento y que si no se cumplen te envían “las plagas de Egipto”, están desaparecidos. La economía se ha parado, los gobiernos tienen todo el control, se han ejecutado actuaciones impensables, se ha llegado a cerrar fronteras, controlar el movimiento de personas y mercancías, se han relajado los requisitos para las ayudas de estado y las normas de competencia, se ha suspendido el Pacto de Estabilidad Europeo, etc. Hay medidas que resultarían inexplicables en el contexto previo de la crisis: por ejemplo, el Gobierno alemán se ha planteado la creación de un fondo, de medio billón de euros, para adquirir participaciones en empresas alemanas y evitar que sean compradas “a precios de ganga” por grupos extranjeros, incluso se plantea aplicarlo para la nacionalización de estas empresas.

El contexto actual, en relación a la crisis anterior, permite una mayor capacidad de maniobra para el establecimiento de determinadas políticas económicas y medidas para poder salir mejor parados. Incluso, como comentaba en un anterior artículo, es importantísimo que se comunique que existe la voluntad de hacerlo. Esto puede trasladar una cierta tranquilidad a los sectores afectados y que la reducción de la demanda no sea tan profunda. Es vital que los poderes públicos comuniquen que se va a actuar con toda la contundencia y por encima de todo para poder superar esta crisis. Pero, sobre todo, es fundamental de que se actúe ya. Hay una “ventana” de oportunidad para hacer las cosas que son necesarias y no estar al albur de lo que imponen los grandes grupos de poder que dirigen los “Mercados”. Es fundamental acertar en estas decisiones, de lo contrario, repetiremos la historia de anteriores crisis y acabaremos en una situación con mayores desigualdades sociales.

Las crisis económicas tienen costes en pérdidas de nivel de vida, de bienestar, de empleo, destrucción de empresas y negocios, seguridad económica, etc. Cuando esas crisis económicas generan mayores desigualdades pueden dar lugar a profundas crisis políticas. Existe el riesgo de que, además, ante estas crisis los gobiernos caigan en la tentación de suprimir algunos de los derechos civiles. Parece que esto es impensable en los países tradicionalmente democráticos, pero hay que estar atento, la tentación de utilizar medidas autoritarias es muy alta. Como muestra hay que resaltar como algunos países de Unión Europea, Polonia y Hungría, están aprovechando la crisis sanitaria para limitar derechos que no se pueden justificar por la misma, como la libertad de opinión o de prensa. Por otro lado, la profundización de las desigualdades favorece el acceso al poder de partidos populistas, como los de extrema derecha que cada vez tienen más peso en Europa, que proponen soluciones fáciles para problemas complejos. La historia nos brinda ejemplos cuando estos grupos han ascendido al poder.

Como ven, no he contestado la pregunta que encabeza el título de este artículo, no he dicho quién va a pagar la actual crisis. Pero creo que si ha quedado clara mi opinión sobre quién no debe pagarla.

Espero que sean benévolos con estos argumentos apresurados por la intensidad de los momentos que estamos viviendo. En caso contrario, les recuerdo una novela famosa que presenta una distopia futurista escrita por Ray Bradbury, “Fahrenheit 451”, temperatura de combustión del papel, y hagan con este artículo lo que crean conveniente.

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