El “Caso Koldo” se cobra una víctima en Puertos del Estado

El denominado “Caso Koldo”, relativo a una presunta corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia, se ha cobrado su primera víctima en Puertos del Estado.

Óscar Puente, ministro de Transportes, ha decidido cesar al secretario general de OPPE, Álvaro Sánchez Manzanares, el responsable de tramitar la adquisición de ocho millones de mascarillas por 20 millones de euros a Soluciones de Gestión, la empresa recomendada por Koldo García, el asesor principal de José Luis Ábalos, en aquel momento, Ministro de Transportes.

El Consejo Rector de Puertos del Estado ha ratificado el cese a pesar de que reitera que, de toda la información remitida a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) relacionada con el contrato del 2020 “no se ha derivado imputación alguna” de las personas que participaron en la tramitación del contrato.

Recuerdan además que los contratos “fueron auditados” tanto por la Intervención General de Estado como por el Tribunal de Cuentas, pero aprovechan la oportunidad para colaborar “al máximo posible” con las instancias encargadas de las labores de control y auditoría.

De héroes a villanos

Lo que en su día se trató como una gesta para proveer de EPIs a los trabajadores esenciales, se ha vuelto en contra de sus gestores. Álvaro Sánchez ya declaró como testigo ante la Guardia Civil por el “Caso Koldo”, en el que la Audiencia Nacional investiga el supuesto cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas.

Las mascarillas adquiridas por el ente público Puertos del Estado fueron distribuidas en marzo del 2020 a entidades del sector público: 80.000 unidades a las entidades públicas empresariales Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y ADIF-Alta Velocidad; 620.000 a Renfe-Operadora; 4.800 a la entidad pública empresarial ENAIRE; 102.000 a AENA para su posterior distribución en el ámbito del sector aéreo; 1.128.000 (en dos veces) al ente público Puertos del Estado y autoridades portuarias para su distribución en el ámbito del sector marítimo, incluida a la entidad pública empresarial Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR); y 2.000.000 a la sociedad mercantil estatal Correos y Telégrafos.

En abril se realizó un segundo reparto, esta vez de 840.000 mascarillas hasta completar el pedido.

Pérdida de confianza

Esta destitución se produce después de que la Agencia Tributaria advirtiese en un informe elaborado sobre la trama de “importantes contradicciones” entre la versión ofrecida por Puertos del Estado y la que dio la empresa Soluciones de Gestión.

Desde Puertos del Estado dicen no conocer al presunto conseguidor Víctor de Aldama. Sin embargo, Soluciones de Gestión aporta pruebas de una reunión con el organismo.

A pesar de que desde el Gobierno se señala que no existe ninguna sospecha de corrupción sobre el cargo ahora destituido, también se destaca que la decisión tiene que ver con la “pérdida de confianza”. Tampoco se cierra la puerta desde el Ministerio a nuevos ceses si el devenir de las investigaciones así lo aconsejaran.