La modificación de las condiciones para el servicio de amarre en el puerto de Bilbao entra en pausa tras la judicialización del proceso que este viernes 16 de enero debería haber entrado en vigor, según la propuesta de la empresa.
Según informa el sindicato LAB, el Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao “ha estimado la solicitud de medidas cautelares” frente a la modificación de las condiciones de trabajo que la empresa Amarradores del Puerto de Bilbao pretendía aplicar.
El desacuerdo de los trabajadores ha llevado a la celebración de seis jornadas de huelga -la última el pasado 12 de enero- al tiempo que llevó el desacuerdo a los tribunales donde se pidieron las medidas cautelares, ahora concedidas. En consecuencia, la modificación queda paralizada y no podrá aplicarse hasta la celebración del juicio, quedando sin efectos de manera inmediata y desde LAB se insta a la retirada de la modificación en las condiciones de trabajo de la plantilla de Amarradores.
Fuentes del sindicato dicen que la Justicia respalda sus peticiones puesto que “las circunstancias alegadas como justificativas de la modificación no obedecen a ninguna causa o circunstancia que incida en su competitividad, su productividad o su organización del trabajo”.
Además, desde el Juzgado se ataca la base de justificación de la modificación propuesta, el absentismo, al señalar que “no se ha probado adecuadamente que el sistema de organización del trabajo actual sea la causa de los índices de absentismo” razonando que, si se han visto incrementados, “será por otras razones distintas” y no por un sistema de organización del trabajo que lleva muchos años en vigor.
El origen del conflicto
El desacuerdo entre las partes nace de una modificación de las condiciones de trabajos propuesta por la empresa ya que se denota un paulatino descenso de rentabilidad en los últimos años que podría desembocar en pérdidas. Achacan a la dificultad de cubrir los servicios con la actual organización de trabajo de la plantilla y el elevado absentismo laboral, lo que provoca “elevados sobrecostes” por la activación del retén domiciliarios.
La jornada anual establecida en convenio es de 1.772 horas de trabajo efectivo para una plantilla total de 60 amarradores. Pero “en la práctica” solo se dispone de 10 trabajadores en la base y otros 10 en retén domiciliario, un modelo que provoca “infradotación real del servicio e infrautilización estructural de la jornada laboral”.
Por tanto, se planteó una nueva organización basada en turnos de 12 horas, en ciclos de 4 días de trabajo y 4 de descanso, eliminando el retén domiciliario. Este modelo permitiría contar con 30 amarradores en turno de guardia, frente a los 20 actuales. Para los representantes sindicales, este nuevo sistema eleva las jornadas de trabajo hasta las 2.100 horas anuales, reduce vacaciones y tiempo de descanso entre jornadas.
A la luz de la resolución judicial, comienza una nueva etapa en la que la negociación entre las partes se propone como solución menos perjudicial antes de llegar a un juicio que podría celebrarse en marzo próximo.
