El impuesto de la Generalitat a grandes buques tendrá un claro objetivo ambiental, no meramente recaudatorio

El impuesto de grandes buques de la Generalitat ya es una realidad, ya que se prevé que entre en funcionamiento a principios del 2024.

Hace falta que el aire de nuestras ciudades, el que respiramos todas las personas cada día, sea cada vez más limpio. Hace falta que reduzcamos los niveles de contaminación que emitimos a la atmósfera. Es una cuestión de salud. Y es urgente. Nos lo dice la Organización Mundial de la Salud (OMS). También la reciente revisión de la Directiva europea de calidad del aire, que fijará parámetros más estrictos sobre los contaminantes dióxido de nitrógeno (NO2) y partículas en el aire. Estamos obligados a cumplirlos. La Agència de Salut Pública de Barcelona es muy contundente cuando establece una relación entre la contaminación atmosférica y numerosas patologías, y apunta que se producen 1.000 muertos cada año a causa de la polución en la ciudad. Es por eso que la Generalitat está aplicando medidas en los diferentes sectores que contribuyen a las emisiones de contaminantes, entre los cuales el sector del transporte por carretera y el sector portuario.

La Ley del cambio climático, aprobada el 2017, define que hay que elaborar un proyecto de regulación del impuesto sobre las emisiones portuarias de grandes buques. Ciertamente han pasado unos cuántos años desde la entrada en vigor de la Ley, que se ha tenido que ir desplegando, pero podemos decir que el impuesto de grandes buques ya es una realidad, ya que se prevé que entre en funcionamiento a principios del 2024. Será un impuesto con un claro objetivo ambiental, no meramente recaudatorio.

Quiero poner sobre la mesa que actualmente hay dos procedimientos de infracción abiertos por la Comisión Europea por incumplimiento sistemático de los límites de NO2 que afectan el área de Barcelona. Y una condena del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por superaciones de ozono troposférico (O3), un contaminante secundario que se forma también a partir de los óxidos de nitrógeno. Nos hace falta, pues, acelerar el proceso hacia la transición verde y minimizar los efectos de todo aquello que no va bastante bien.

Lo haremos a través del nuevo Plan de calidad del aire, que está previsto que el Gobierno catalán apruebe en unas semanas. Una de las medidas que contempla el Plan es este impuesto, que contribuirá a modificar conductas que comportan externalidades negativas sobre el medio ambiente, en este caso al puerto de Barcelona, una de las fuentes emisoras relevantes en la ciudad, con un porcentaje de contribución de las emisiones superior al 40%. El impuesto tendrá un carácter finalista y los ingresos que se deriven se destinarán a dotar el Fondo para la Protección del Ambiente Atmosférico, creado por Ley en 1983.

A efectos del impuesto, se ha considerado gran buque aquel que tiene un arqueo bruto superior a 5.000 GT, y el hecho imponible será la emisión de óxidos de nitrógeno (NOx) y de materia particulada (PM) durante su escala en el puerto, que comprende las operaciones de maniobra, atraque y fondeo. Prevemos que con el tipo de gravamen establecido a 1 euro por kilogramo de NOx y PM10 se ingresen más de 7 millones de euros anuales que, reitero, serán dinero destinado a implantar políticas ambientales para la mejora de la calidad del aire. El importe del impuesto lo tendrán que abonar las empresas navieras y armadoras, y se prevé, según las estimaciones realizadas, que de media sea de unos 760 euros por buque.

El importe del impuesto lo tendrán que abonar las empresas navieras y armadoras, y se prevé, según las estimaciones realizadas, que de media sea de unos 760 euros por buque.

Para el cálculo de las emisiones se han tenido en cuenta diferentes elementos, como por ejemplo la potencia de los motores, el factor de carga de los motores propulsores o los consumos específicos. Los factores de emisión son los establecidos en la regla 13 del anexo VI del Convenio MARPOL. Están exentos de este impuesto los grandes buques que prestan servicios públicos, los que se ven obligados a atracar o fondear en caso de peligro o fuerza mayor y los que llevan a cabo actividades de ayuda humanitaria. Aquellos buques que dispongan de conexión en la red eléctrica, que se alimenten por batería interna del buque o que dispongan de certificados acreditables de mejora energética se beneficiarán de determinadas rebajas.

En definitiva, en pocas semanas este nuevo impuesto, pionero en Europa a optar no por limitar sino por tasar las emisiones e incentivar la reducción, será una realidad. Un tributo que contribuirá a disminuir las emisiones portuarias a la mitad de aquí al 2030, en el camino que fija Europa y en el camino que necesita nuestro país para garantizar la calidad de vida de toda la ciudadanía.