El Parlamento de Catalunya convalidó el miércoles el Decreto-Ley de medidas urgentes para la emergencia climática y el impulso de las energías renovables. El texto, que fue defendido por la consellera d’Empresa i Coneixement de la Generalitat, Àngels Chacón, establece un marco regulador más favorable para la implantación de energía de origen eólico y fotovoltaico en Catalunya, y soluciona varios aspectos de la Ley de cambio climático que habían sido declarados inconstitucionales. El Gobierno aprobó este Decreto Ley el 26 de noviembre como una primera medida normativa urgente, en el actual contexto de emergencia climática, para seguir avanzando en la mitigación del cambio climático y en la transición hacia un nuevo modelo energético más limpio, sostenible y democrático.
La consellera Chacón recordó que con este Decreto-Ley “eliminamos las barreras a la generación con energías renovables; lo hacemos, además, garantizando que no tengan un impacto ambiental, paisajístico ni urbanístico; y dotamos a los ciudadanos y a las empresas de herramientas más asequibles para ser sus propios generadores de energías renovables”. La titular de Empresa i Coneixement argumentó que “hay que transformar la manera como producimos y como consumimos la energía” para justificar la urgencia de la medida, y detalló que el ciclo energético es responsable de un 72% de las emisiones de gases causantes del efecto invernadero de Catalunya.
La nueva norma facilita y agiliza la instalación de sistemas de autoproducción en los hogares y en entornos urbanos, y elimina restricciones para la implantación de instalaciones eólicas y fotovoltaicas en el país.
Nueva Ley de la transición energética
La consellera Chacón advirtió que este Decreto Ley se acompañará, en breve, de la tramitación de la Ley de la transición energética y de la creación de la Agència Catalana d’Energia. La Ley tendrá como función asentar las bases de la transición energética y establecer las estrategias a largo plazo, mientras que la Agència Catalana de Energia será el órgano que tiene que permitir coordinar y ejercer la gobernanza de la transformación del modelo energético del país. Toda esta actuación está orientada a lograr los objetivos establecidos por la Ley de cambio climático y por las bases del Pacte Nacional per la Transició Energètica, el cumplimiento de los cuales exigiría disponer de 4.000 MW eólicos y 6.000 MW solares fotovoltáicos instalados en el 2030, de acuerdo con las primeras estimaciones del Institut Català d’Energía (ICAEN).
