El Consejo de Administración de Autoridad Portuaria de Alicante ha decidido delegar en su presidente, Juan Antonio Gisbert García, una serie de facultades (12 en concreto) que dejan sin efecto cualquier otra conferida con anterioridad.
Entre las facultades del presidente están: autorizar los gastos correspondientes a proyectos de inversión incluidos en la programación aprobada, cuyo importe no exceda de 2 millones de euros; elaborar y mantener actualizados los censos y registros de usos del dominio público portuario, así como otorgar licencias de prestación de servicios portuarios en la zona de servicio del puerto; otorgar o denegar autorizaciones para la ocupación del dominio público portuario por plazo superior a un año y menor de tres años; acordar lo conveniente, en caso de urgencia, sobre el ejercicio de las acciones y recursos que correspondan a esta autoridad portuaria, en defensa de sus intereses, ante las administraciones públicas y los tribunales de justicia; formalizar contratos destinados a la explotación de terrenos, obras e instalaciones desafectados de la zona de servicio del puerto, pero adscritos a esta autoridad portuaria como bienes patrimoniales, por un plazo que no suponga un compromiso superior a tres años; nombrar y separar al personal, tanto al incluido como al excluido de convenio; aprobar su régimen retributivo, y definir las necesidades de personal de la entidad y sus modificaciones. Y en general todas las competencias en materia de personal; resolver la caducidad de concesiones y autorizaciones, en el supuesto de urgencia del procedimiento administrativo; extinguir las concesiones y autorizaciones por las causas tasadas; gestionar y recaudar las tasas portuarias; incoar y resolver expedientes sancionadores por infracciones leves; modificar la exigibilidad en la periodicidad de las tasas en concesiones y autorizaciones ya otorgadas; y resolver expedientes de responsabilidad patrimonial menores de 18.000 euros.
