El puerto de Cartagena quiere convertirse en referencia de sostenibilidad entre los puertos mediterráneos y muchas actuaciones van encaminadas hacia la consecución de ese objetivo. Así, ha organizado, junto a la Cámara de Comercio de Cartagena y la Terminal de Marítima de Cartagena, la jornada “La nueva Ley del cambio climático en el ámbito portuario y marítimo”, que ha contado con la participación de la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, el consejero de Medio Ambiente, Antonio Luengo, el presidente de la Cámara de Comercio, Miguel Martínez, el consejero delegado de TMC, Joaquín Ramón Lestau y la presidenta del puerto, Yolanda Muñoz.
En su intervención, Muñoz ha dicho que “el puerto de Cartagena es un referente en sostenibilidad en el sistema portuario español. Nuestro objetivo es contribuir a la competitividad y prosperidad del tejido empresarial de Cartagena y la Región con servicios eficientes, seguros, ágiles y sostenibles a través de una hoja de ruta que hemos diseñado para posicionar al puerto de Cartagena como un hub logístico de primer nivel en el sistema portuario español y europeo”.

El puerto de Cartagena ha ido tomando medidas medioambientalmente responsables a lo largo de los últimos años, por lo que la nueva ley viene a refrendar que las actuaciones que han convertido al enclave en “ejemplo de mejora de la calidad del aire y eficiencia energética con nuestro Plan de Neutralidad Climática, trabajamos en proyectos de recuperación de la posidonia y de reducción del ruido submarino, en el cuidado de los ecosistemas marinos y terrestres y somos un modelo a seguir en planes de integración Puerto Ciudad, con Plaza Mayor y la futura zona del Espalmador, enmarcando en los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, ha explicado la presidenta de la Autoridad Portuaria.
Intermodalidad ferroportuaria
Yolanda Muñoz ha defendido, en el apartado de intermodalidad, el papel fundamental de la conexión con el Corredor Mediterráneo de transportes de mercancías y con la red de alta velocidad para el transporte de viajeros, clave para el desarrollo del turismo de cruceros, así como la puesta en marcha del ferrocarril para incrementar las conexiones y potenciar el tráfico de graneles sólidos con el centro de España.
“El Corredor Mediterráneo de mercancías y las líneas de transporte marítimo tienen que conectarse en Cartagena a través de nudo logístico que deben componer la ZAL de Los Camachos y las ampliaciones del puerto”, ha asegurado la presidenta de la APC.
A ello, se suma la apuesta por líneas de corta distancia, eficientes y sostenibles, como la de Reino Unido e Irlanda, el tráfico rodado a Francia, Norte de África y la recientemente estrenada con destino a Canarias. Pero sin duda, uno de los grandes retos será el del cambio de combustible y readaptación de los medios de transporte, a través de combustibles más limpios. Es por ello que, “en nuestro Plan de Acción tenemos contemplado la mejora de nuestros muelles e infraestructuras, que nos permitirá convertirnos en la puerta de entrada a Europa de los combustibles más sostenibles como el hidrógeno verde y el gas natural licuado”. Yolanda Muñoz ha finalizado su intervención diciendo que “la suma de todos hará posible contribuir hacia modelos empresariales más verdes y sociales que nos permitan convertir nuestro puerto en un centro de operaciones de la economía circular y liderar la transición energética. Queremos ser un Puerto EMAS y queremos ser el puerto más sostenible del Mediterráneo”.

Una “oportunidad verde”
Por su parte, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, sostiene que el cumplimiento de la Ley es un reto económico y un reto tecnológico, pero, sobre todo, es una oportunidad, porque la norma “coincide con las líneas estratégicas de nuestro puerto y del municipio” refiriéndose “al objetivo de fomentar el transporte intermodal, la conexión por tierra a través de líneas ferroviarias con el corredor Mediterráneo; o la promoción de autopistas del mar unidas a los mercados terrestres mediante líneas regulares ro-ro”.
El consejero Antonio Luengo ha resaltado que “es fundamental dar un paso adelante para conseguir la necesaria implicación de todos y articular la imprescindible colaboración público-privada entre administración y empresas, y que regula el marco para la determinación de la huella de carbono y llevar a cabo actuaciones concretas para la compensación de emisiones que no puedan ser reducidas”.