La decisión ha permitido inyectar liquidez a las empresas proveedoras
La Autoridad Portuaria de Tarragona ha avanzado el pago de 2,7 millones de euro a más de 200 empresas proveedores, desde que acordó recortar al máximo el periodo de validación y pago de la factura a fin de contribuir a inyectar liquidez a las empresas, ante la situación del estado de alarma por el coronavirus.
Desde que se anunció la medida, el 17 de marzo, hasta el 25 de marzo, se han avanzado pagos por valor de 1.492.000 euros. Concretamente, se han pagado un total de 253 facturas a 155 proveedores (empresas) diferentes.
En menos de un mes, desde el inicio de la crisis sanitaria del Covid-19, el puerto de Tarragona habrá avanzado el pago de 2,7 millones de euros, en 351 facturas, de 222 empresas, para inyectar liquidez en las empresas proveedoras.
Además, la dirección de Administración y Finanzas del puerto, prevé realizar pagos avanzados por valor de 1.200.00 euros más a principios del mes de abril, lo cual supondrán 98 facturas pagadas más y 67 proveedores más.
El puerto de Tarragona implementó esta acción con el objetivo de aligerar los problemas de tesorería de sus empresas proveedoras, especialmente de las pequeñas y medianas. En estos momentos de ralentización de la actividad económica, las empresas sufren problemas para hacer frente al pago de nóminas, proveedores, etc. Con este recorte del periodo de pago, el puerto ha contribuido a paliar los efectos negativos de la pandemia de Covid-19.
El puerto de Tarragona sigue trabajando con normalidad con una parte muy importante de su plantilla desarrollando trabajo no presencial. En este caso, los trabajadores y trabajadoras del departamento administración y finanzas del puerto trabajan desde sus domicilios particulares para prestar el servicio con la máxima normalidad posible.
Los proveedores y el puerto trabajan al 100% con factura electrónica la cual se tramita a través de la plataforma FACe. El sistema FACe es el punto general de entrada de facturas de la Administración General. La plataforma permite la remisión de facturas en formato electrónico a aquellos organismos de las administraciones, sin importar el volumen de facturación anual, medida o nivel de informatización, a proveedores de bienes y servicios de las administraciones públicas.
