
Carmen Rubio
Premio Propeller Club del País Vasco – Port of Bilbao al mejor expediente académico del curso 2024-2025
Cuando una empresa estadounidense extrajo en secreto más de medio millón de monedas de plata y oro de un pecio situado en el Atlántico en 2007, pocos imaginaron que aquel hallazgo desencadenaría uno de los litigios internacionales más relevantes de las últimas décadas en materia de patrimonio cultural. Lo que inicialmente fue presentado como el descubrimiento de un tesoro denominado Black Swan acabó revelándose como los restos de la fragata española Nuestra Señora de las Mercedes, hundida en 1804 frente a las costas portuguesas.
El denominado caso Odyssey no solo enfrentó a España con una poderosa compañía de exploración submarina. También abrió un debate global sobre quién tiene derecho a recuperar, gestionar y proteger los vestigios históricos que permanecen bajo el mar. Más allá del enorme valor económico de las monedas recuperadas, el conflicto puso de manifiesto la necesidad de reforzar la protección del patrimonio cultural subacuático frente a los intereses comerciales y frente a unas tecnologías que permiten acceder a profundidades antes inaccesibles.
Un museo oculto bajo el agua
Los océanos, mares, ríos y lagos albergan una inmensa cantidad de restos arqueológicos que constituyen una parte esencial de la memoria colectiva de la humanidad. Buques naufragados, asentamientos sumergidos, cargamentos históricos, aeronaves y otros vestigios de la actividad humana permanecen bajo el agua como auténticos archivos del pasado.
Durante siglos, este patrimonio permaneció protegido por su propia inaccesibilidad. Sin embargo, los avances tecnológicos de las últimas décadas han transformado radicalmente esta situación. Los sistemas de exploración submarina, los vehículos operados remotamente y los sofisticados equipos de localización permiten hoy acceder a yacimientos situados a grandes profundidades.
Esta evolución ha generado una paradoja. Las mismas herramientas que facilitan la investigación científica también han favorecido la proliferación de actividades de búsqueda y extracción con fines lucrativos. Empresas especializadas han comenzado a localizar pecios históricos con el objetivo de recuperar objetos de valor económico, generando conflictos jurídicos cada vez más complejos sobre la propiedad y gestión de estos hallazgos.
Ante esta realidad, la comunidad internacional ha desarrollado un marco normativo destinado a proteger el patrimonio cultural subacuático como un bien de interés común. No obstante, la aplicación efectiva de estas normas continúa planteando importantes desafíos.
La Convención de la UNESCO y el cambio de paradigma
Uno de los hitos más importantes en esta materia fue la aprobación de la Convención de la UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático en 2001. Este instrumento supuso un cambio de paradigma al establecer que los restos arqueológicos sumergidos no deben ser considerados simples tesoros recuperables, sino bienes culturales cuya conservación debe prevalecer sobre cualquier interés económico.
La Convención define como patrimonio cultural subacuático todos los vestigios de existencia humana con carácter cultural, histórico o arqueológico que hayan permanecido bajo el agua durante al menos cien años. La definición comprende tanto las embarcaciones como su cargamento y el contexto arqueológico asociado.
Entre sus principios fundamentales destaca la prohibición de la explotación comercial de estos bienes. La norma parte de una idea esencial: el verdadero valor del patrimonio subacuático reside en la información histórica y científica que contiene, y no únicamente en los materiales preciosos que pueda albergar. Por ello, rechaza expresamente las actividades orientadas a la venta o comercialización de los objetos recuperados.

Asimismo, la Convención promueve la cooperación internacional y establece que la conservación in situ, es decir, en el lugar donde se encuentran los restos, debe constituir la opción prioritaria siempre que resulte viable.
Sin embargo, sus limitaciones son evidentes. Su eficacia depende de la adhesión voluntaria de los Estados y de la incorporación de sus principios a los ordenamientos nacionales. Además, la protección del patrimonio situado en aguas internacionales continúa siendo especialmente compleja debido a la ausencia de una autoridad soberana capaz de ejercer un control efectivo.
España y la protección de su patrimonio sumergido
España ocupa una posición singular en este ámbito. Durante siglos fue una de las principales potencias marítimas del mundo y mantuvo extensas rutas comerciales entre Europa, América y Asia. Como consecuencia, miles de embarcaciones españolas naufragaron en distintos océanos transportando mercancías, metales preciosos y documentación de enorme valor histórico.
Este legado convierte a España en uno de los países con mayor patrimonio cultural subacuático del planeta. Su protección se articula principalmente a través de la Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985 y de la Ley de Navegación Marítima del 2014.
La normativa española considera que los bienes arqueológicos sumergidos forman parte del patrimonio histórico nacional y poseen la condición de dominio público. Son, por tanto, inalienables, imprescriptibles e inembargables, lo que impide su apropiación privada o explotación comercial.
Además, cualquier actividad de exploración o extracción requiere autorización administrativa previa. La legislación reconoce igualmente una protección especial para los buques de Estado hundidos, incluidos los buques de guerra, que conservan su inmunidad soberana incluso después del naufragio.
Pese a ello, la existencia de normas no siempre garantiza una protección efectiva. La vigilancia y conservación de numerosos yacimientos continúa viéndose limitada por la falta de recursos técnicos y económicos suficientes.

La historia de la fragata Mercedes
El caso Odyssey tiene su origen en la historia de una embarcación construida en La Habana en 1786: la fragata Nuestra Señora de las Mercedes.
La nave formaba parte del proceso de modernización de la Armada española y desempeñó funciones militares y comerciales dentro del sistema imperial. Durante años participó en las redes de comunicación y transporte que conectaban la península con los territorios americanos.
A comienzos del siglo XIX, Europa se encontraba inmersa en las tensiones derivadas de las guerras napoleónicas. España atravesaba una delicada situación financiera y mantenía una compleja posición diplomática entre Francia y Gran Bretaña.
En ese contexto, la Corona organizó una expedición destinada a trasladar desde América importantes cantidades de recursos económicos. La Mercedes integraba la escuadra encargada de dicha misión.
El 5 de octubre de 1804, cuando las fragatas españolas navegaban frente al cabo de Santa María, en la costa portuguesa, fueron interceptadas por una escuadra británica. Aunque no existía una declaración formal de guerra, se produjo un enfrentamiento armado.
Durante el combate, una explosión alcanzó a la Mercedes y provocó su hundimiento en cuestión de minutos. Con ella desaparecieron gran parte de sus tripulantes, pasajeros y cargamento. El naufragio causó centenares de víctimas y quedó grabado como uno de los episodios más trágicos de la historia naval española.
Durante más de dos siglos, los restos permanecieron en el fondo marino
El proyecto Black Swan
En mayo de 2007, la empresa estadounidense Odyssey Marine Exploration anunció el hallazgo de un extraordinario tesoro submarino. La compañía afirmó haber recuperado cerca de diecisiete toneladas de monedas de oro y plata procedentes de un pecio identificado con el nombre en clave Black Swan.
Desde el primer momento, Odyssey evitó revelar la localización exacta del hallazgo y la identidad del buque. Las monedas fueron trasladadas rápidamente a Estados Unidos, donde la empresa pretendía gestionar su explotación comercial.
Las características de las piezas recuperadas y diversos indicios históricos despertaron las sospechas de las autoridades españolas. Tras una investigación exhaustiva, España concluyó que el pecio correspondía a la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. Comenzó entonces una larga batalla judicial ante los tribunales estadounidenses.
El litigio que cambió las reglas del juego
La estrategia jurídica española se apoyó en dos argumentos esenciales. En primer lugar, sostuvo que la Mercedes era un buque de Estado y que, por tanto, seguía gozando de inmunidad soberana. En segundo lugar, defendió que los restos constituían patrimonio cultural y no podían ser objeto de apropiación privada.
Por su parte, Odyssey argumentó que la identificación del pecio no había sido acreditada de forma concluyente y trató de acogerse a las normas tradicionales del derecho marítimo relativas al salvamento y recuperación de bienes abandonados.
La controversia planteó una cuestión de enorme relevancia jurídica: ¿puede una empresa privada apropiarse de los restos de una embarcación histórica simplemente por haberla localizado y recuperado?
Tras varios años de procedimientos judiciales, los tribunales estadounidenses rechazaron las pretensiones de Odyssey y reconocieron los derechos de España sobre el cargamento recuperado. Las resoluciones consideraron acreditado que los restos pertenecían a la fragata Mercedes y confirmaron la vigencia de la inmunidad soberana del buque.
En el 2012, más de medio millón de monedas fueron finalmente devueltas a España
La repatriación del tesoro constituyó una victoria jurídica, diplomática y cultural sin precedentes. Además de recuperar un conjunto patrimonial de enorme relevancia, el caso consolidó criterios jurídicos que posteriormente servirían de referencia en otros conflictos relacionados con el patrimonio cultural subacuático.
Mucho más que un tesoro
Uno de los aspectos más importantes del caso fue el cambio de enfoque que impulsó respecto a la percepción del patrimonio sumergido.
Durante décadas, numerosos naufragios históricos habían sido contemplados principalmente como depósitos de metales preciosos u objetos valiosos. El caso Mercedes contribuyó a reforzar una visión distinta: la de considerar estos yacimientos como contextos arqueológicos complejos cuyo valor supera ampliamente el precio de mercado de los objetos recuperados.
Los arqueólogos sostienen que la extracción indiscriminada provoca una pérdida irreparable de información histórica. El valor científico de un pecio no reside únicamente en los objetos hallados, sino también en su disposición, su contexto y su relación con el entorno donde se conservan.
Cuando una intervención se realiza exclusivamente con fines comerciales, gran parte de esa información desaparece para siempre.
El litigio ayudó a trasladar este mensaje a la opinión pública internacional y reforzó la idea de que los restos sumergidos forman parte de una memoria colectiva que debe gestionarse conforme a criterios científicos y culturales.
Las lecciones del caso Odyssey
La principal enseñanza del caso Odyssey es que la protección del patrimonio cultural subacuático continúa enfrentándose a importantes desafíos.
En primer lugar, persiste una notable fragmentación normativa. Aunque existen instrumentos internacionales relevantes, la falta de adhesión universal limita su eficacia. Muchos Estados clave aún no han ratificado la Convención de la UNESCO de 2001.
En segundo lugar, la cooperación internacional sigue siendo insuficiente. Los bienes culturales sumergidos suelen encontrarse en espacios marítimos donde confluyen intereses de múltiples Estados, lo que exige mecanismos de colaboración más ágiles y coordinados.
También resulta necesario reforzar los recursos destinados a la investigación, inventario y conservación de este patrimonio. Las administraciones públicas carecen con frecuencia de medios suficientes para garantizar una protección efectiva.
Por último, el caso pone de manifiesto la importancia de la sensibilización social. Mientras el patrimonio terrestre goza de una amplia visibilidad pública, los restos sumergidos permanecen en gran medida fuera del conocimiento ciudadano, dificultando la creación de una conciencia colectiva sobre su valor.
Un desafío para el futuro
Más de una década después de la devolución del tesoro de la Mercedes, el caso Odyssey continúa siendo una referencia internacional en materia de protección del patrimonio cultural subacuático.
La victoria judicial de España demostró que es posible hacer prevalecer los principios de conservación frente a intereses económicos de enorme magnitud. Sin embargo, también evidenció las debilidades existentes en el sistema internacional y la necesidad de seguir avanzando hacia mecanismos de protección más eficaces.
La defensa del patrimonio sumergido no puede limitarse a reaccionar cuando se produce un expolio. Requiere políticas preventivas, cooperación científica, recursos suficientes y una visión que sitúe el interés cultural por encima del beneficio económico inmediato.
Los océanos siguen albergando innumerables testimonios de la historia humana. Cada naufragio, cada asentamiento sumergido y cada resto arqueológico constituye una pieza única de un inmenso archivo histórico todavía por descubrir. La cuestión fundamental no es únicamente quién puede recuperarlos, sino cómo garantizar que ese legado llegue íntegro a las generaciones futuras.
El caso Odyssey demostró que los tesoros del mar valen mucho más que el oro y la plata que contienen. Su verdadero valor reside en las historias que cuentan, en el conocimiento que aportan y en la memoria colectiva que ayudan a preservar. Esa es, en última instancia, la razón por la que su protección constituye hoy una responsabilidad compartida que trasciende fronteras y generaciones.














