El transporte de mercancías por carretera en España atraviesa un momento decisivo marcado por la falta de profesionales, la atomización empresarial y una transición energética aún alejada de la realidad operativa. Así lo expuso Carlos Folchi, presidente de Fenadismer, durante el primer almuerzo del año del Propeller Club de Barcelona.
Folchi cifró en 25.000 los profesionales que faltan actualmente en el sector, una situación que se agravará a corto plazo por la jubilación inminente de cerca de 16.000 transportistas. Una carencia estructural que, según explicó, pone en riesgo la competitividad logística y la continuidad del servicio.
En cuanto a la dignificación del sector, reconoció los avances derivados de la Ley del 2022, aunque subrayó que siguen existiendo importantes desequilibrios, especialmente por la elevada fragmentación empresarial. En este contexto, defendió la necesidad de una mayor colaboración entre cargadores y transportistas para consolidar un marco más justo y estable.
Folchi avanzó que durante el 2026 se está trabajando en la jubilación anticipada de los transportistas, recordando que se trata de la segunda profesión con mayor índice de riesgo tras la minería. Una medida clave, afirmó, para hacer del transporte una actividad atractiva para nuevos talentos.
El presidente de Fenadismer también alertó de que muchas políticas favorables al sector no se aplican plenamente, lo que genera competencia desleal entre las empresas que cumplen la normativa y las que no.
Respecto a la sostenibilidad, fue contundente al señalar la elevada dependencia del diésel y la falta de alternativas viables. Consideró que el vehículo eléctrico no es operativo para el transporte pesado y que el gas, aunque prometedor, sigue lejos de una implantación real, mientras las políticas europeas continúan priorizando soluciones que el sector no puede asumir.
Finalmente, se refirió a las recientes protestas agrícolas en Catalunya, mostrando respeto por el derecho a manifestación, pero criticando duramente los cortes de carreteras en nodos estratégicos, como el puerto de Tarragona. Denunció la falta de preaviso y los daños ocasionados al transporte, así como la actitud permisiva de la Generalitat ante unas acciones que calificó de “muy negativas y vandálicas” para el sector.
