El secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, se ha mostrado dispuesto a estudiar medidas compensatorias para el transporte profesional en la controvertida introducción de “pago por uso” en las carreteras españolas. Una de las medidas contempladas es la articulación de mecanismos que trasladen el extracoste a los cargadores, una circunstancia de difícil aplicación según las asociaciones del transporte.
Pedro Saura es de la opinión que esta medida es coherente en el marco de la petición de ayudas para infraestructuras a la Unión Europea por parte de nuestro país y se justifica en que muchos países europeos ya aplican este tipo de tasas. Recordó que la introducción de los peajes está prevista para 2024 y no antes, para evitar que coincida con la crisis económica derivada de la Covid.
El secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana defiende que se trata de una medida «justa» porque pagarán por las carreteras aquellos que la usan, y entiende además que incentiva el trasvase hacia otros modos de transporte menos contaminantes, como el tren. Con esta medida se pretende paliar el déficit de mantenimiento de las carreteras de alta capacidad, cifrado en 8.000 millones de euros anuales.
8.000 millones de euros anuales de déficit en el mantenimiento de carreteras
Según el texto plasmado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el gobierno español ha presentado en Europa, se implantará un cargo por el uso de los más de 12.000 kilómetros de autovías con el fin de colaborar en el mantenimiento de las mismas. El Ministerio se embarcará en una campaña de concienciación hacia los transportistas profesionales, los más perjudicados por la medida, pero también hacia la población en general. No en vano, la propuesta que barajan desde la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras, el cobro de entre 3 y 5 céntimos por kilómetro recorrido repercutirá sobre la ciudadanía. El Gobierno se decanta por el modelo que ya funciona en Portugal, donde se paga por la distancia recorrida, recogida por pórticos situados en las carreteras que interactúan con los dispositivos de telepeaje instalados en los vehículos. Se descarta el modelo centroeuropeo, donde se paga un recibo anual por vehículo, independientemente de las distancias recorridas.
El precedente guipuzcoano
La política de “pago por uso” tiene en nuestro país el precedente del ya implantado en Gipuzkoa donde decidieron instalar un sistema de cobro del peaje, en el 2018 sobre la N-I y la A-15, sólo para el transporte pesado. Este peaje fue fuertemente contestado por el sector del transporte y desautorizado por los tribunales. A pesar de ello, el sistema sigue en marcha y se pretende ampliar para el próximo año a la autovía A-636, entre Beasain y Bergara.
El sistema, mediante arcos de peaje asociados a los medios técnicos instalados en las cabinas de los vehículos, podría ser similar al que pretenden instalar en el resto de autovías españolas a partir del 2024.
