El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este 2 octubre la Ley que establece por primera vez en España un régimen sancionador para las empresas que paguen a más de 60 días en el sector del transporte por carretera, con multas de hasta 6.000 euros, que podrán elevarse a 30.000 euros en caso de reincidencia o que el plazo de pago supere los 120 días.
Según el Observatorio de Morosidad que mensualmente elabora Fenadismer, a día de hoy, dos de cada tres pagos que se realizan a las empresas transportistas por parte de sus clientes, incumplieron esta medida. De estos incumplimientos, casi la mitad se realizaron a más de 90 días e incluso una cuarta parte a más de 120 días, esto es, a 6 meses.
Según Fenadismer, esta morosidad se genera principalmente por parte de las grandes empresas y no solo en el transporte sino en todos los sectores de actividad. Basándose en el último informe sobre las principales compañías españolas elaborado por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, de la que Fenadismer forma parte, en concreto de las que cotizan en el IBEX, estas liquidaron sus facturas en un periodo medio de 200 días, triplicando el plazo legal permitido de 60 días, con un incremento de 14 días de media en su morosidad respecto a 2019. Además, tenían acumuladas en cartera un total de 81.786 millones de euros que adeudaban a sus proveedores sobrepasando los 60 días legales.
Para luchar contra esta problemática, en junio del año pasado, la comisión de reconstrucción social y económica promovida en el Congreso de los Diputados para establecer medidas para reactivar la actividad del país tras la crisis ocasionada por la covid-19, aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos tramitar con carácter inmediato un régimen sancionador de lucha contra la morosidad para todos los sectores económicos, que permita corregir las actuales prácticas abusivas en materia de plazos de pago que afectan especialmente a pymes y autónomos.
Sin embargo, Fenadismer denuncia que la prometida urgencia con que iba a ser tramitado dicho régimen sancionador ha sido incumplida, como lo demuestra el hecho de que el plazo de enmiendas del proyecto de Ley ha sufrido un total de 34 prórrogas que lo mantiene paralizado, presumiblemente por la presión que están ejerciendo las grandes empresas para que no salga adelante.
