Europa quita la razón al puerto de Bilbao sobre la exención fiscal

A pesar de que el martes y 13 ya pasó, el puerto de Bilbao ha tenido mala suerte en los Tribunales. Así, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha desestimado el recurso de la Autoridad Portuaria de Bilbao contra la decisión de la Comisión Europea que declaraba ilegal la exención fiscal total del Impuesto de Sociedades concedida al País Vasco y parcial al resto de España sobre los beneficios generados por las autoridades portuarias.

La resolución del tribunal de Luxemburgo puede ser recurrida

La Autoridad Portuaria de Bilbao alegó que las exenciones fiscales deben analizarse en el contexto del sistema portuario español, que establece un principio de autosuficiencia, y que no constituyen una Ayuda de Estado contraria al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que junto con el Tratado de la Unión Europea conforma la base constitucional de la Unión Europea.

Ahora el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) desestima los argumentos de la AP de Bilbao, aunque esta resolución puede ser objeto de recurso. Así pues, en su dictamen, el TGUE determinó que la exención fiscal de Bizkaia puede procurar una ventaja al puerto de Bilbao y consideró que no ha logrado demostrar que la exención fiscal de la que se beneficia no sea una medida selectiva. En su sentencia, confirmó que la Comisión consideró «acertadamente» que las autoridades portuarias españolas operaban en mercados en los que existía competencia.

Cuestión de Competencia

Por tanto, según la Corte, la exención fiscal confiere una ventaja a las autoridades portuarias vascas frente a sus competidores, en la medida en que pueden mejorar su posición competitiva en esos diferentes mercados. Dado que los puertos españoles participan en los intercambios intracomunitarios, la exención fiscal puede afectar a los intercambios comerciales entre Estados miembros, argumentó esta corte de primera instancia con sede en Luxemburgo.

El Tribunal General de la Unión Europea recordó que las ayudas que tienen el objetivo de liberar a una empresa de los costes propios de su gestión corriente o de sus actividades normales, con los que normalmente debería haber cargado, falsean, en principio, las condiciones de competencia. El caso se remonta a julio de 2013, cuando los servicios de la Comisión enviaron un cuestionario a los Estados miembros con el fin de obtener una visión general del funcionamiento de los puertos y de los regímenes del impuesto sobre sociedades que les eran aplicables.

En un dictamen preliminar, Bruselas informó a las autoridades españolas de que las exenciones fiscales parecían constituir una ayuda estatal incompatible con el mercado interior. Desde nuestro país se remitieron sus observaciones y propusieron suprimir las medidas existentes y sustituirlas por una deducción fiscal de un importe equivalente a las cantidades invertidas en las infraestructuras portuarias. Pero, el 8 de enero de 2019, la Comisión adoptó una Decisión en la que concluyó que “las exenciones fiscales eran ayudas existentes de Estado incompatibles con el mercado interior”.

Así, propuso a las autoridades españolas que suprimieran las exenciones fiscales totales o parciales del impuesto sobre sociedades, algo que España aceptó incondicionalmente en octubre del mismo año 2019. No obstante, la Autoridad Portuaria de Bilbao, en su demanda, solicitó ante el Tribunal General la anulación de todas las decisiones, alegando que la exención fiscal de Vizcaya no constituye una ventaja; que la Comisión no realizó un análisis completo de los datos disponibles; que su exención fiscal no falsea la competencia y no afecta a los intercambios comerciales entre Estados miembros; que tampoco es selectiva y que es compatible con el mercado interior.