Desde el pasado 2 de enero del año 2022 la Subdirección General de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica de Comercio Exterior dejó de ser la Autoridad administrativa CITES. Quien pasó a ocupar dichas competencias, fue la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Según denuncia FETEIA-OLTRA, “la mala gestión pública” en el cambio de Autoridad Administrativa CITES, el órgano encargado de someter el comercio internacional de especímenes de determinadas especies a ciertos controles, “está generando un caos que amenaza con el bloqueo total en la importación y exportación de los productos y animales vivos sometidos a estos controles”.
Este cambio de Autoridad Administrativa competente, apuntan, se hizo sin consultar y sin tener en cuenta las necesidades de los operadores, “por lo que la Administración actuó con absoluta falta de previsión y, a la vista de la situación actual, con manifiesta temeridad”.
Según FETEIA-OLTRA, el primero de los problemas se generó por esta falta de previsión en la migración de los sistemas informáticos entre ministerios, la cual se completó a finales del mes de enero, por lo que, durante casi un mes, no era posible realizar solicitudes. Así, una vez ejecutada la migración, denuncian que la situación actual es de colapso en la Subdirección General y “que no tiene la capacidad de gestionar las solicitudes remitidas, por lo que los tiempos de espera entre la solicitud y la concesión del permiso se va hasta casi un mes de media y empeorando, pues las solicitudes se van acumulando”. A mayor abundamiento, indican que la plataforma informática sufre continuos fallos que impiden la tramitación de las solicitudes.
“Lo anterior adquiere una mayor gravedad, puesto que en muchas ocasiones son animales vivos los que se encuentran bloqueados en las los almacenes en condiciones lamentables, poniendo en riesgo su salud”, añaden los transitarios.
Además, manifiestan que las empresas implicadas están teniendo que abonar desorbitados costes por almacenamiento de estas mercancías en las instalaciones logísticas, por lo que debe considerarse como una clara dejación de funciones. Asimismo, exponen que “esta actuación está poniendo en riesgo la posibilidad de operar de las empresas y, en muchos casos, las está obligando a importar a través de otros Estado miembros de la Unión Europea, con el consiguiente perjuicio para todo el sector del comercio exterior y logístico nacional”.
Ante esta situación, los transitarios apuntan a que las empresas están obteniendo la callada por respuesta, de manera que se encuentran a ciegas ante un problema de enorme calado.
Desde FETEIA indican que se ha requerido nuevamente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la celebración de una reunión con carácter urgente que permita dar solución a la problemática generada.
