Cristina Martínez, abogada especializada en el sector marítimo y portuario de la firma Denom Legal, considera que los operadores logísticos sí han sido reconocidos: “Han garantizado la cadena de abastecimiento, además del papel fundamental que han tenido en la entrega del material sanitario en los hospitales”. Además, considera que el sector es “pieza fundamental de la economía, tanto en el transporte como en el almacenaje”. Según los expertos, “el transporte es un enorme generador de riqueza y empleo con una aportación al PIB español del 4,8%. La hostelería aporta el 6,2% del PIB. Esta comparativa refleja su importancia como pieza fundamental de la recuperación económica”.
Respecto a la posible destrucción de empleo en el sector logístico, la abogada considera que “obviamente sucederá, ya que actualmente se están recibiendo consultas sobre acuerdos extrajudiciales de pagos y concursos. Pero un empresario sea persona jurídica o física se reinventa, y, si es o ha sido diligente, más que destruir su empresa busca una solución a la misma”. Pero reflexiona que esta situación debe aprovecharse para mejorar, ya que “llegó la hora de reconocer que un modelo económico que prioriza la producción y los resultados a corto plazo no deja espacio para el aprendizaje, ni considera intangibles como el medio ambiente o la desigualdad o las personas”.
Además, se deben centrar los esfuerzos en mejorar la prevención de riesgos. “La OMS declaró el 31 de enero que el nuevo brote de coronavirus debía clasificarse como emergencia de salud pública de importancia internacional y el 11 de febrero lo designó como Covid-19. Puertos como el de Leixoes (Portugal), ya habían aprobado el 26 de febrero un Plan de Contingencia, en cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional 2005 -RSI. En nuestro caso, nuestros puertos todavía no disponen de él, por lo menos no de manera realmente comprometida con la comunidad y conforme a las exigencias del RSI. Debe igualmente mejorar el cumplimiento normativo de las empresas públicas y privadas, Administración inclusive, sobre todo en relación a la obligada transparencia, y, si no cumplen, hacer un uso efectivo de las denuncias que regulan la Directiva Whistleblowing de 23.10.2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión relativas a contratación pública (de obras, servicios, suministros, empleados públicos), seguridad del transporte, protección del medio ambiente, salud pública y protección de los consumidores. Muchas administraciones y entes públicos no cumplen, y se sabe, pero no se hace nada. Muchas empresas no cumplen, pero las administraciones no inspeccionan lo que debieran. Así se ha evidenciado con las residencias de ancianos”.
“La abogacía cumple una innegable función social”
Respecto a su sector, Cristina Martínez, considera que “la abogacía cumple una innegable función social. El artículo 24.2 de la Constitución española reconoce la defensa y la asistencia de letrado como derecho fundamental, y el asesoramiento es en estos momentos fundamental, si bien es cierto que el estado de alarma nos ha mantenido prácticamente inactivos desde el momento en que se paran los plazos procesales y administrativos y el funcionamiento de muchas empresas. Nuestro sector ya lleva evolucionando hace unos años, pero lo que hemos visto estos días es que actuaciones presenciales pueden realizarse telemáticamente sin necesidad de desplazamientos”.
Sobre el papel que tendrá la Administración pública en la salida de la crisis, la socia de Denom Legal, comparte la opinión del doctor en Derecho Rafael Jiménez Asensio, consultor de Administraciones Públicas y formador en el ámbito del sector público, quien considera que “no es ninguna casualidad que sean precisamente Italia y España, con sus enormes debilidades político-institucionales y administrativas (por no hablar de las financieras), los países europeos dónde, por ahora, se está cebando más la destrucción del virus. Invertir en un modelo de fortalecimiento institucional en sus múltiples facetas o dimensiones (especialmente, en lo que afecta a reforzar las capacidades institucionales y organizativas, la anticipación y prevención de riesgos, la gestión eficiente, la administración digital, los datos abiertos y la protección de datos, así como corregir la política errática e inútil de gestión de recursos humanos en el sector público, etc.), comienza a ser un reto inaplazable. Es en la crisis cuando se ha evidenciado más que nunca, las carencias más graves de algunos perfiles de lo público, sin aptitud, sin actitud, inadaptables según la teoría darwiniana, ciegos a la realidad, acomodados bajo unos procesos que consideran inamovibles, e incapaces de interpretar el contexto y ponerlo en relación con la ética, la vocación, el servicio, y otros principios y valores de lo público. Las patologías organizativas de muchas administraciones se han evidenciado a través de, por poner un ejemplo, los Planes de Contingencia que se han ido adoptando: cómo y cuándo”.
Respecto al teletrabajo, considera que ha venido para quedarse, “de hecho, empresas internacionales ya lo han ido implantando en España con anterioridad al 14 de marzo”. Además que las relaciones personales entre profesionales ,“a la larga y siempre que exista una vacuna, no creo que cambien, aunque seremos más conscientes de la necesidad de aprender del distanciamiento que opera en otras culturas.”
