La fiscalidad de Madrid

Joaquín Asensio
Economista
Ex Subdirector General en el Puerto de Barcelona

En los acuerdos entre ERC y el Gobierno, para la aprobación de los Presupuestos Generales para el 2021, se ha suscitado el tema de la fiscalidad de Madrid. Como es habitual en los debates políticos de este país, el tema se ha trasladado al vocerío habitual y tratamiento demagógico de determinados partidos políticos y medios de comunicación. Pero, a pesar de ello, creo que es interesante trasladar a los potenciales lectores de este artículo, si es posible, una “chispa de luz” o, mejor dicho, unas modestas reflexiones sobre este tema. Para ello voy a utilizar un ejemplo sobre un asunto que conozco muy bien.

Como quizás muchos de ustedes saben, la gestión de los puertos españoles de interés general está asignada por Ley a las autoridades portuarias y al ente publico Puertos del Estado. Las autoridades portuarias residen en el mismo territorio que sus puertos y son las que gestionan el mismo, mientras que Puertos del Estado reside en Madrid. El sistema portuario se autofinancia en su conjunto. Como es obvio, en Madrid no hay actividad portuaria, por lo que las autoridades portuarias tienen que destinar parte de los recursos que generan a financiar todos los gastos e inversiones de Puertos del Estado[i]. Durante el año 2019 realizaron una aportación de 37,5 millones de euros, que era equivalente al 15% del total de beneficios que obtuvieron las autoridades portuarias. Hasta junio del año actual, Puertos del Estado ha recibido 18,6 millones de euros por este concepto, en este caso, por el deterioro de las cuentas de los puertos, debido a la crisis del Covid-19, esta aportación dobla el porcentaje anterior, el 31% del total de resultados de los puertos[ii].

Es decir, la actividad se realiza en los puertos, los servicios se prestan en los puertos, pero una parte importante de las rentas se pagan y tributan en Madrid.

Esto de los puertos puede parecer intranscendente y anecdótico, en relación a las cifras que se manejan en los Presupuestos Generales del Estado, pero ahora multipliquen este ejemplo por los numerosos entes y organismos que constituyen el sector público administrativo, empresarial[iii] e institucional del Estado, así como todos los ministerios, entidades institucionales, jurisdiccionales, etc., que tienen su sede en Madrid. Estos organismos se financian de dos fuentes: los ingresos propios, que se obtienen en todo el país, y/o los que proceden de aportaciones o transferencias de los Presupuestos Generales del Estado, que se nutren de los tributos (impuestos, tasas, etc.) que se recaudan en todo el territorio español. Gran parte de los recursos de estos entes se destinan a pagar rentas en Madrid (sueldos de los funcionarios, gastos corrientes, inversiones, etc.). Pero el origen de estos recursos proviene de todos los ciudadanos y empresas, es decir, territorialmente, de todas las comunidades autónomas, incluida la Comunidad de Madrid, claro. Hay que señalar que todas estos sueldos y rentas, por corresponder a residentes en Madrid, tributan en esa comunidad autónoma.

Por otra parte, otro valor intangible de Madrid es que constituye un polo de atracción para la ubicación de las oficinas principales y sedes de grandes y medianas empresas que operan en mercados regulados (hoy en día prácticamente todos)[iv]. La importante concentración de poder que existe en Madrid debido a la presencia de los organismos, entes y ministerios, anteriormente citados, la mayoría reguladores o generadores de leyes y normativa en la economía, las finanzas y los negocios, es una motivación suficiente para estar cerca de estos decisores. Para los altos directivos de estas empresas, su residencia en Madrid es una buena oportunidad para mantener un fluido contacto con los funcionarios y políticos que adoptan decisiones en los mercados en que sus empresas operan. Estas relaciones abarcan tanto las estrictamente profesionales como las informales o privadas[v]. Existen muchas oportunidades y ocasiones para estas relaciones[vi]. Pues ello da lugar en el sector privado a un fenómeno similar al comentado anteriormente para el sector público: gran parte de las rentas empresariales y de sus impuestos se pagan en la Comunidad de Madrid, a pesar de que la actividad de sus empresas se realiza en todo el territorio del Estado[vii]. Suelen ser rentas de altos directivos por lo que se suelen situar por encima de la media española de retribuciones de los empleados.

Hasta ahora, este fenómeno interesante, constituye una parte de los beneficios que obtiene Madrid por su capitalidad[viii]. Constituyendo, como diríamos, “la primera derivada del problema”. Pueden considerarse hasta cierto punto lógicos, derivados de constituir Madrid la capital de un Estado. Solamente criticables desde el punto de vista de la excesiva concentración de poder en un solo territorio y la ausencia de generosidad en distribuir este poder por el resto de Comunidades Autónomas[ix]. Estos fenómenos han sido “drivers” muy relevantes para el desarrollo económico de Madrid que se ha convertido en pocas décadas en la Comunidad Autónoma con más renta per cápita del Estado. Pero esto son los beneficios de la capitalidad simplemente. Hasta aquí, por mi parte, no más objeción.

“La segunda derivada” es como utiliza el Gobierno de la Comunidad de Madrid estos beneficios de la capitalidad. Como sabemos, la financiación de las Comunidades Autónomas proviene básicamente de su participación en determinados impuestos del Estado y de los ingresos obtenidos por los impuestos cuya gestión está transferida[x]. Por ejemplo, si usted es uno de los afortunados que tributan por el impuesto sobre el patrimonio, puede saber que, independientemente de la fortuna que tenga, en Madrid no pagará nada y que, si tiene la desgracia de morirse residiendo en Madrid, puede hacerlo más feliz sabiendo que sus hijos solo tributaran el 1% en el impuesto sobre sucesiones. También, si tiene un buen sueldo o rentas altas y reside en Madrid, sabe que su porcentaje marginal del IRPF será uno de los más bajos respecto al resto de comunidades autónomas[xi] y así pasa con la mayoría de impuestos en los que tiene capacidad normativa la Comunidad de Madrid.

El tema no radica en que la Comunidad de Madrid realice una mejor gestión del gasto público y pueda ofrecer una mejor tributación a sus ciudadanos, que no es el caso. Radica en que, por lo citado anteriormente, sus ventajas fiscales vienen propiciadas por los efectos de su capitalidad que hemos ilustrado anteriormente con algunos ejemplos, aunque hay muchos más. Y aquí todavía se presenta la “tercera derivada”: la mejora de los ingresos fiscales le permite hacer “dumping fiscal”[xii] y, de esta manera, poder atraer a su territorio más capitales y más fortunas que no quieren pagar impuestos más altos en otros territorios, más oficinas centrales de empresas y sueldos de sus directivos[xiii]. A su vez esta atracción crea más ingresos para Madrid y se va generando una espiral continua de mayores ingresos fiscales y reducción de impuestos, que beneficia a Madrid y la enriquece en detrimento del resto de comunidades autónomas. El presidente valenciano, Ximo Puig, ha definido este proceso, junto a la prioridad del Estado por las infraestructuras madrileñas, con estas palabras: “Madrid no puede ser una aspiradora de recursos”[xiv].

La cuestión es que esta política fiscal ha sido una constante de los diferentes gobiernos de la Comunidad de Madrid durante más de una década y no se ha llevado a debate hasta ahora. Muy difícilmente tendrá efectos retroactivos si no existe una voluntad política de “repartir el poder en el territorio”[xv]. Urge dar una solución que es bastante compleja, pero es fundamental abordar el problema ya que tiene unos efectos muy perniciosos para el resto de Comunidades Autónomas. Esa “aspiradora” que define Ximo Puig es un obstáculo para la generación de riqueza en el resto de España. Y, por otra parte, esa potente “fuerza centrípeta” que absorbe desde el centro de la Península poder[xvi] y riqueza, es seguramente parte fundamental de la causa que genera esa otra “fuerza centrifuga”, cada día más creciente, en determinadas partes del territorio del Estado.

El retraso secular de economía española, en relación a otros países de su entorno, se debe a que siempre ha triunfado la política económica extractiva de riqueza[xvii] sobre la generadora de valor[xviii]. La fiscalidad de Madrid es un ejemplo de la primera. Ojalá en el futuro, por primera vez en la historia, puede vencer la política económica generadora de valor. Es decir, la que se basa en el trabajo, el emprendimiento, la empresa, la industria, la innovación y la generadora de valor social.


[i] Puertos del Estado no tiene ingresos propios. También las autoridades portuarias aportan a diferentes fondos de solidaridad para ayudar a los puertos deficitarios, especialmente al Fondo de Compensación Interportuario. En el año 2019, los 6 puertos que más aportaron y por orden fueron los siguientes en millones de euros: Barcelona 6,2 /Valencia 5,0 /Algeciras 3,0 /Bilbao 1,7 /Cartagena 1,5 /Tarragona 1,5. Las autoridades portuarias, además, desde enero del año 2020, tributan por el impuesto de sociedades.

[ii] Fuente: “Memoria Económica del Ejercicio 2019 del Sistema Portuario de Titularidad Estatal” y “Estados Financieros a 30 de junio de 2020”, publicados ambos por Puertos del Estado.

[iii] Solamente los entes públicos suman más de 450, según información de la IGAE, en el “inventario de entes del sector público estatal”. Si consideramos el resto de organismos con personalidad o sin personalidad jurídica podemos estar hablando de miles.

[iv] En muchas ocasiones este proceso no es tan intangible, depende de decisiones políticas y del BOE. Pongo un ejemplo: si ustedes tienen algunos años recordarán que la bolsa de acciones más importante del Estado no estaba en Madrid y que las bolsas de otras ciudades, la de Barcelona, Bilbao y Valencia tenían mucha relevancia. Una decisión adoptada por Carlos Solchaga, ministro de economía entre los años 85 y 93, bajo gobierno de Felipe González, centralizó el sistema de compensación de todas las bolsas en Madrid, desde entonces el resto de bolsas pasaron a ser prácticamente testimoniales. Hoy en día no se concibe una empresa de una determinada dimensión, que cotice en la Bolsa de Madrid, que no tenga su sede en la Capital o que su departamento financiero esté situado allí, todo ello debido a la especial y continuada relación que se precisa con la Comisión Nacional del Mercado de Capitales, al efecto de desarrollar las operaciones societarias o las obligaciones de información.

[v] Piensen en los sectores financieros, energéticos, construcción, etc. etc. Se da el caso de que a pesar de que muchas empresas tienen su sede social fuera de Madrid (por ejemplo, el BBVA que la tiene en Bilbao) de facto las oficinas centrales y los altos directivos residen en dicha ciudad.

[vi] En algunos medios de comunicación se utiliza simbólicamente para estas relaciones informales la denominación de “Palco del Real Madrid”.

[vii] Por ejemplo, la compañía eléctrica ENDESA tiene su sede y oficinas centrales en Madrid sin tener prácticamente ningún abonado en dicha Comunidad.

[viii] En próximos artículos pretendo explicar otros aspectos muy relevantes que aportan mucho valor económico a Madrid, como consecuencia de esta capitalidad, como el de la planificación radial de las infraestructuras.

[ix] La localización del regulador del mercado tiene un efecto multiplicador respecto a la ubicación de empresas de ese mercado. Se puede citar un ejemplo: la única deslocalización desde Madrid de un ente regulador se produjo durante el gobierno del presidente Zapatero, en una negociación con Pascual Maragall. Se decidió ubicar la sede de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en Barcelona. Tras una revuelta de los funcionarios finalmente se trasladó la sede. Esta estuvo vigente durante unos pocos años ya que el Gobierno del PP, mediante decreto del ministro Montoro, realizó un proceso extraño de fusión de todos los órganos de competencia y devolvió la sede a Madrid. El poco periodo en que estuvo la sede en Barcelona produjo un efecto favorable en la ubicación de empresas, que todavía subsiste actualmente y es un polo de actividad económica importante de la ciudad. Quizás el famoso congreso de móviles que se celebra cada año en Barcelona, el MWC, fue consecuencia de esa importante decisión. No se sabe, es como lo del “huevo y la gallina”.

[x] Los tributos cedidos con capacidad normativa (capacidad de regulación por las CCAA) son: IRPF, en el porcentaje de la tarifa autonómica; y en su totalidad: Patrimonio, Sucesiones y donaciones; Transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, Juego, Tasas afectas a servicios traspasados, Impuesto sobre determinados medios de transporte e Impuesto venta a minoristas de determinados hidrocarburos. También se transfieren porcentajes de otros tributos, pero sin capacidad normativa: IVA, Impuestos de la cerveza, Vino y bebidas fermentadas, Productos intermedios, Alcohol y bebidas derivadas, Hidrocarburos, Labores de tabaco y Electricidad.

[xi] Cuando usted realiza su declaración de IRPF podrá observar que existe una cuota estatal y una autonómica, así como deducciones de cada una de estas categorías. La cuota autonómica y sus deducciones la puede modificar la comunidad autónoma donde tenga su domicilio fiscal.

[xii] El termino “dumping” se refiere a la venta de productos por debajo de su precio normal. Entonces el “dumping fiscal” se refiere al cobro de impuestos por debajo de lo que serían normales, en el caso de Madrid por disponer de unos ingresos adicionales debido a su capitalidad.

[xiii] En relación a la deslocalización de sedes que se produjo como consecuencia de los sucesos del mes de octubre de 2018 en Catalunya, mediante un decreto del Gobierno español aprobado de urgencia, que eximía de la aprobación de esta deslocalización por parte de los accionistas (su trámite a través de la junta de accionistas de las empresas), se comenta en algunos foros bien informados, que fue una buena excusa para que algunos altos directivos avanzaran una decisión que tenían pensada hacía mucho tiempo, pero que no se atrevían por los posibles efectos perjudiciales en la opinión de los clientes de su principal mercado.

[xiv] Noticia publicada en El Periódico el pasado día 28 de noviembre del 2020.

[xv] Este reparto de poder en el territorio puede abordarse de diferentes formas, que pueden ser complementarias: realizando una transferencia efectiva de competencias centrales a las comunidades autónomas (por ejemplo, puertos y aeropuertos) o deslocalizando de Madrid determinados entes, organismos e instituciones y distribuyéndolos por el resto del Estado (en tiempos de Pasqual Maragall se habló de llevar el Senado a Barcelona, o, por ejemplo, ¿porqué no podría estar el Consejo del Poder Judicial en Sevilla y el Tribunal Constitucional en Santiago de Compostela?). Los avances en las telecomunicaciones y en el transporte, hoy en día, permiten perfectamente esta distribución. Miremos lo que hace UE con sus instituciones y agencias.

[xvi] En las ultimas tres décadas, desde la aprobación de la LOFAGE, se ha producido un proceso continuo de centralización de competencias y restricción de la capacidad normativa de las comunidades autónomas, en favor del Estado central

[xvii] Esta política extractiva de riqueza corresponde presenta dos arquetipos: el espíritu de la conquista de América donde lo primordial era conseguir el oro y no el comercio, que ofrecía una oportunidad competitiva extraordinaria a España; en el otro extremo tenemos la figura del ”Buscón de Quevedo”, el poder sobrevivir sin trabajar, sin oficio ni beneficio, utilizando los instrumentos de la “picaresca”.

[xviii] Los partidarios de este tipo de política, desafortunadamente, han perdido siempre todas las guerras.

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