El Gobierno catalán ha acordado impulsar un Pacto nacional para la movilidad segura y sostenible para hacer frente a los retos presentes y de futuro de la movilidad, así como promover la mejora de la seguridad viaria, con el objetivo de la Visión Cero.
Desde el año 2010, el número de personas muertas en Catalunya en accidentes de tráfico se ha reducido, a pesar de que todavía hay mucho camino a recorrer para lograr los objetivos marcados por la Unión Europea y alineados con la Visión Cero para llegar al horizonte del año 2050 sin víctimas mortales ni heridos graves con secuelas para toda la vida.
El objetivo de este Pacto nacional, en que participan todos los agentes implicados directamente o indirectamente en el ámbito de la seguridad viaria, es implantar una movilidad más segura y, al mismo tiempo, sostenible, saludable, conectada y automatizada.
Así, este Pacto tiene que permitir dar respuesta a los nuevos retos que se están produciendo en la movilidad, facilitando la convivencia y la seguridad entre los usuarios de los diferentes modelos de transporte; potenciando una movilidad segura, sostenible y respetuosa con el medio ambiente y la salud; e impulsando los modos de transporte no motorizados, la movilidad activa y la promoción del transporte público. Así mismo, se debe tener en cuenta el desarrollo y la implantación de las nuevas tecnologías aplicadas a la industria de la automoción, en las infraestructuras viarias y en los sistemas de información y gestión del tráfico y liderar la transición hacia una movilidad cada vez más conectada y autónoma.
Los departamentos de Interior y de Territori y Sostenibilitat de la Generalitat serán los encargados de impulsar la elaboración del Pacto nacional para una movilidad segura y sostenible. En concreto, el director del Servei Català de Trànsit y el director general de Transports y Mobilitat liderarán la coordinación y el impulso del Pacto en el marco de la Comisión Interdepartamental para la Mejora de la Seguridad Viaria (CIMSV). También tendrán que coordinar los contactos con los agentes económicos y sociales, entidades y organizaciones de la sociedad civil y grupos políticos. Estos departamentos tendrán que presentar al Gobierno catalán la propuesta del Pacto nacional en el periodo máximo de los nueve meses siguientes a la adopción de este acuerdo.
