La situación de la huelga de la estiba en el Puerto de Bilbao vive un nuevo capítulo de declaraciones contrapuestas que no auguran un futuro final cercano. El Consejero de Cultura y Política Lingüística y Portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, confirma que el Lehendakari Íñigo Urkullu ha pedido formalmente la intervención, en forma de laudo de obligado cumplimiento, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Un arbitraje que recae en el campo de actuación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que dirige José Luis Ábalos. Éste señala que, dada la autonomía portuaria, “tenemos muy poco margen de maniobra”.
A preguntas de la senadora Idurre Bideguren (EH Bildu), el ministro descarta una intervención del Mitma y apela a la negociación entre las partes. Los sindicatos insisten en ésa misma negociación del convenio en los términos del vigente acuerdo, es decir, incluyendo las tareas complementarias. Y las empresas de Bilboestiba se avienen a negociar todos los puntos, salvo ése, el que más interesa a los estibadores, solicitando también un arbitraje de obligado cumplimiento. La consejera vasca, Arantxa Tapia, en una intervención hoy mismo, en uno de los medios de comunicación públicos vascos, ha abogado también por lograr una solución entre las partes, pero sin renunciar a “alguna intervención” por parte del gobierno nacional, todo caso que los puertos son de competencia estatal y se señala como posible solución, un traspaso en la gestión portuaria, largamente solicitado.
Medida impactante
La senadora Bideguren insistió en que se trata de la huelga portuaria “más larga desde 1986” y que en su reunión con los sindicatos, estos le transmitieron sus reivindicaciones, sobre todo el complimiento del convenio colectivo y la reducción de la eventualidad. Solicitó un proceso de “negociación en contra de la imposición” que supondría un arbitraje y que el Mitma abogue por una reducción de la temporalidad porque los más de 100 eventuales “no pueden tener un proyecto de vida” tras encadenar 12 años de contratos temporales.
El ministro Ábalos dijo que el puerto de Bilbao es estratégico, no sólo para la zona norte “sino también para el centro peninsular” y que siguen con atención el desarrollo de la huelga. Pero insistió Ábalos en que se trata de “un conflicto laboral” y que, dada la autonomía portuaria, su capacidad de intervención es mínima. Dijo que el problema se deriva de la renovación de un convenio laboral de 2013 y que ahora, “la legislación europea no acepta éste convenio”.
Sin ser autoridad laboral, se les ha pedido que intervengan pero “no nos gustaría tomar una decisión forzosa” –el arbitraje obligatorio- por ser “una medida muy impactante” que tendría que ser aprobada por el Consejo de Ministros, dijo Ábalos.
Así, pidió “diálogo” a las partes para atajar la huelga en la estiba de Bilbao bajo la norma europea y evitar «decisiones forzosas». Enfatizó que “ni aun queriendo” podría intervenir el Ministerio sino que «debería ser una autoridad laboral quien lo planteara” y recalcó que “no nos gustaría llegar a ello”, por lo que pidió “hacer un esfuerzo para volver a la normalidad”, en relación a que la resolución debería centrarse en la negociación entre las partes.
La respuesta del ministro Ábalos es un toque de atención a todas las partes. De un lado, favorece la negociación, que solicitan los sindicatos, frente al arbitraje exigido por las empresas y el Gobierno Vasco. De otro, apunta a que el nuevo convenio “se ajuste a la legalidad” derivada de las sentencias europeas, un punto innegociable para los huelguistas.
