El conflicto laboral que enfrenta a trabajadores y patronal en el servicio de amarre del puerto de Bilbao avanza en el frente judicial al conocerse la sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao en la que se quita la razón a la empresa y se la otorga a la parte trabajadora representada por el sindicato LAB.
La resolución se sigue de la estimación, el pasado mes de enero, de las medidas cautelares frente a la modificación de las condiciones de trabajo que la empresa, Amarradores Puerto de Bilbao (P&O Reyser) pretendía aplicar y ya entonces esta situación era valorada como una victoria por la parte sindical. Se instó entonces a una negociación que evitara un juicio previsto para marzo y que ahora ya tiene sentencia.
Según informan fuentes sindicales, la resolución judicial concluye que no existen causas económicas, organizativas ni productivas que justifiquen el cambio propuesto en las condiciones laborales de la plantilla. También recuerda que el sistema de trabajo actual llevaba funcionando más de veinte años y que no se ha producido ningún cambio sustancial que justifique romper el equilibrio alcanzado mediante la negociación colectiva.
El origen del conflicto
El desacuerdo entre las partes nace de una modificación de las condiciones de trabajo propuesta por la empresa, que arguye un paulatino descenso de rentabilidad en los últimos años que podría desembocar en pérdidas. Achacan a la dificultad de cubrir los servicios con la actual organización de trabajo de la plantilla y el elevado absentismo laboral, lo que provoca sobrecostes logísticos elevados por la activación del retén domiciliarios.
La jornada anual establecida en convenio es de 1.772 horas de trabajo efectivo para una plantilla total de 60 amarradores. Pero “en la práctica” solo se dispone de 10 trabajadores en la base y otros 10 en retén domiciliario, un modelo que provoca “infradotación real del servicio e infrautilización estructural de la jornada laboral”, según indica la empresa.
Por tanto, se planteó una nueva organización basada en turnos de 12 horas, en ciclos de 4 días de trabajo y 4 de descanso, eliminando el retén domiciliario. Este modelo permitiría contar con 30 amarradores en turno de guardia, frente a los 20 actuales. Para los representantes sindicales, este nuevo sistema eleva las jornadas de trabajo hasta las 2.100 horas anuales, reduce vacaciones y tiempo de descanso entre jornadas.
En su momento, la empresa negó la afirmación y respondió que el nuevo sistema mantiene la jornada laboral, el salario fijo y las condiciones laborales esenciales; respeta los días de vacaciones; homogeneiza la jornada de encargados y amarradores, e incluye una compensación económica por la eliminación del retén domiciliario.
El desacuerdo cristalizó en seis jornadas de huelga a principios de año para un servicio que no entiende de horarios ni festividades: los amarradores garantizan un servicio 24/365 en la atención del tráfico portuario y ante cualquier contingencia.
