La lucha contra el cambio climático ha acaparado durante las últimas décadas una gran parte de las iniciativas y proyectos de la Unión Europea, organización que ha puesto en el centro de sus políticas la protección del medio ambiente. El desafío -de carácter improrrogable- obliga a cada uno de los Estados miembros a realizar importantes ajustes en su modelo industrial, unos ajustes que conllevarán, con toda seguridad, grandes cambios en el ámbito tecnológico.
En este contexto, el 13 de mayo el Congreso de los Diputados aprobó la primera Ley de cambio climático y transición energética (LCCTE), una normativa que el Gobierno español ha calificado como “enormemente ambiciosa” y con la que se pretende alcanzar la plena descarbonización de la industria española antes del 2050 a través de un sistema eléctrico 100% renovable.
Así pues, con la aplicación de la Ley de cambio climático y transición energética, España emitirá solamente la cantidad de gases invernadero que por sus condiciones geográficas y ambientales pueda absorber, cumpliendo de manera anticipada con los objetivos establecidos en el Acuerdo de París.
La aprobación de esta Ley -la primera que recoge la necesidad de emprender políticas públicas de adaptación a este fenómeno climático- cobra especial relevancia por el momento histórico en el que nos encontramos, inmersos en probablemente una de las mayores crisis social y económica del siglo XXI.
Los representantes políticos han venido destacando la proyección y alcance de esta nueva Ley, haciendo especial hincapié en que la misma fija metas más ambiciosas que las exigidas por la propia Unión Europea.
En este sentido, España se ha fijado como objetivo principal la reducción de las emisiones en un 39% en sus “sectores difusos” -entre los que se encuentran la logística y el transporte-, lo que representa 13 puntos por encima de la meta del 26% que se ha fijado la Unión Europa.
Otra de las aristas importantes de esta novedosa regulación la encontramos en lo referente a las energías renovables, fijando en un 42% su implantación antes del 2030 (respecto al consumo final de energía), un porcentaje superior al 38-40% que establece la Unión Europea y que plasma al mismo tiempo lo dispuesto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.
España se compromete a reducir sus emisiones en un 39% en sus sectores productivos y apuesta firmemente por las energías renovables
También es destacable los objetivos en materia de eficiencia energética, y es que España se ha propuesto aumentar esta en su economía en un 39,5% antes del 2030, lo que representa un porcentaje ligeramente por encima de la media europea.
En cuanto al sector del transporte y la movilidad, la nueva Ley trae consigo importantes novedades con un objetivo claro: cambiar el modelo de movilidad.
Para ello, la LCCTE establece, entre otras medidas, un marco para que las diversas administraciones puedan poner en marcha medidas dirigidas a alcanzar un parque de turismos y vehículos comerciales “sin emisiones directas de CO2” antes del 2050, de tal manera que se reduzcan sus emisiones hasta las 0gCO2/km.
Entre estas otras medidas la nueva Ley también potencia la creación de espacios más saludables y el desarrollo de la movilidad urbana sostenible en los municipios de más de 50.000 habitantes. El objetivo es mejorar la calidad del aire y la movilidad en estos núcleos urbanos, adoptando medidas que faciliten los desplazamientos en bicicleta, a pie o a través del uso del transporte público, así como la promoción del uso de la movilidad eléctrica compartida o de medios de transporte privados que sean eléctricos.
Esta nueva propuesta de movilidad urbana es realmente importante desde el punto de vista de los servicios de logística de última milla, puesto que la gestión del transporte de paquetería -sobre todo en las grandes ciudades- guarda una estrecha relación con la cuestión de cómo planifican los ayuntamientos la movilidad y el transporte en sus núcleos urbanos.
En cuanto a la movilidad por carretera -sector que más energía consume dentro del sector del transporte-, la principal novedad de la Ley es la apuesta por infraestructuras de recarga eléctrica que se ubicarán a lo largo de la geografía española, sin duda una apuesta interesante en torno al impulso del uso de combustibles alternativos a los fósiles.
Hacia un nuevo modelo de movilidad sostenible: ciudades más saludables y vehículos sin emisiones directas de CO2
La Ley prevé la instalación -de manera progresiva- de puntos de recarga en las estaciones de servicio que cuenten con un mayor volumen de negocio, que actualmente representan tan solo el 10% de toda la red. En concreto, la infraestructura de recarga deberá contar un potencia igual o superior a 150 kW en corriente continua.
Respecto al transporte aéreo, la Ley hace una clara apuesta por la utilización del suministro de biocarburantes, poniendo especial atención en los biocarburantes avanzados, así como otros combustibles renovables de origen no biológico.
Las principales líneas de actuación en el transporte marítimo pasan principalmente por la reducción de las emisiones generadas por los buques en los puertos, el impulso de las autopistas del mar y de las líneas regulares de transporte roll on-roll off o la mejora de la calidad del aire en las instalaciones portuarias, entre otros aspectos.
En primer lugar, en el articulado de la LCCTE se especifica que el Gobierno adoptará medidas para la reducción – también de manera progresiva- de las “emisiones generadas por el consumo de combustibles fósiles” de los buques, así como de otras embarcaciones y plataformas físicas en el momento que se encuentren amarrados en los muelles de los puertos.
La Ley fija en esta cuestión el objetivo de “cero emisiones directas” de este tipo de buques en los puertos de competencia del Estado de cara al 2050, añadiendo que se aplicarán medidas de “incentivo económico” dirigidas a estimular el suministro eléctrico o el uso de combustibles alternativos en los buques atracados.
Otro de los objetivos en el marco del transporte marítimo es la “articulación y consolidación de cadenas logísticas sostenibles con origen y destino en puertos”, a través de iniciativas que persigan la reducción de emisiones de gases invernadero en los puertos y en las cadenas de transporte -marítimas o terrestres- con inicio o final en los puertos.
La Ley estimulará medidas de “incentivo económico” dirigidas a estimular el suministro eléctrico o el uso de combustibles alternativos en los buques
En el marco del transporte ferroviario, la nueva Ley apunta que el Gobierno promoverá el uso del ferrocarril, estableciendo las medidas necesarias para su fomento “frente a medios de transporte más contaminantes”, si bien se remite a la futura Ley de movilidad sostenible y de financiación del transporte público.
Respecto al transporte de mercancías, la LCCTE señala que el Gobierno establecerá -también de acuerdo a la referida Ley de movilidad- objetivos “de penetración del ferrocarril en el transporte de mercancías” en distancias superiores a los 300 kilómetros, con el fin mejorar su eficiencia energética y su competitividad. Al mismo tiempo, la Ley también señala que el Gobierno “elaborará una estrategia de impulso del transporte de mercancías por ferrocarril”.
Por otra parte, la Ley también pone el énfasis en la mejora de los accesos ferroviarios de los puertos y en la competitividad del transporte ferroviario con origen o destino en los recintos portuarios, así como su conexión con las plataformas logísticas, especificando que estas últimas se ubicaran en las provincias del interior “en la medida que sea posible”.
