La Ley de transición energética articulará cadenas logísticas sostenibles con los puertos

La lucha contra el cambio cli­mático ha acaparado durante las últimas décadas una gran parte de las iniciativas y pro­yectos de la Unión Europea, organización que ha puesto en el centro de sus políticas la protección del medio am­biente. El desafío -de carácter improrrogable- obliga a cada uno de los Estados miembros a realizar importantes ajustes en su modelo industrial, unos ajustes que conllevarán, con toda seguridad, grandes cam­bios en el ámbito tecnológico.

En este contexto, el 13 de mayo el Congreso de los Di­putados aprobó la primera Ley de cambio climático y transición energética (LCCTE), una normativa que el Gobier­no español ha calificado como “enormemente ambiciosa” y con la que se pretende alcan­zar la plena descarbonización de la industria española antes del 2050 a través de un siste­ma eléctrico 100% renovable.

Así pues, con la aplicación de la Ley de cambio climático y transición energética, España emitirá solamente la cantidad de gases invernadero que por sus condiciones geográficas y ambientales pueda absorber, cumpliendo de manera antici­pada con los objetivos estable­cidos en el Acuerdo de París.

La aprobación de esta Ley -la primera que recoge la nece­sidad de emprender políti­cas públicas de adaptación a este fenómeno climático- co­bra especial relevancia por el momento histórico en el que nos encontramos, inmersos en probablemente una de las mayores crisis social y econó­mica del siglo XXI.

Los representantes políticos han venido destacando la proyección y alcance de esta nueva Ley, haciendo especial hincapié en que la misma fija metas más ambiciosas que las exigidas por la propia Unión Europea.

En este sentido, España se ha fijado como objetivo principal la reducción de las emisiones en un 39% en sus “sectores difusos” -entre los que se en­cuentran la logística y el trans­porte-, lo que representa 13 puntos por encima de la meta del 26% que se ha fijado la Unión Europa.

Otra de las aristas importan­tes de esta novedosa regu­lación la encontramos en lo referente a las energías reno­vables, fijando en un 42% su implantación antes del 2030 (respecto al consumo final de energía), un porcentaje supe­rior al 38-40% que establece la Unión Europea y que plasma al mismo tiempo lo dispuesto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.

España se compromete a reducir sus emisiones en un 39% en sus sectores productivos y apuesta firmemente por las energías renovables

También es destacable los ob­jetivos en materia de eficiencia energética, y es que España se ha propuesto aumentar esta en su economía en un 39,5% antes del 2030, lo que repre­senta un porcentaje ligera­mente por encima de la media europea.

En cuanto al sector del trans­porte y la movilidad, la nueva Ley trae consigo importantes novedades con un objetivo claro: cambiar el modelo de movilidad.

Para ello, la LCCTE establece, entre otras medidas, un mar­co para que las diversas admi­nistraciones puedan poner en marcha medidas dirigidas a al­canzar un parque de turismos y vehículos comerciales “sin emisiones directas de CO2” antes del 2050, de tal manera que se reduzcan sus emisio­nes hasta las 0gCO2/km.

Entre estas otras medidas la nueva Ley también potencia la creación de espacios más saludables y el desarrollo de la movilidad urbana sostenible en los municipios de más de 50.000 habitantes. El objetivo es mejorar la calidad del aire y la movilidad en estos núcleos urbanos, adoptando medidas que faciliten los desplaza­mientos en bicicleta, a pie o a través del uso del transporte público, así como la promo­ción del uso de la movilidad eléctrica compartida o de me­dios de transporte privados que sean eléctricos.

Esta nueva propuesta de mo­vilidad urbana es realmente importante desde el punto de vista de los servicios de logísti­ca de última milla, puesto que la gestión del transporte de paquetería -sobre todo en las grandes ciudades- guarda una estrecha relación con la cues­tión de cómo planifican los ayuntamientos la movilidad y el transporte en sus núcleos urbanos.

En cuanto a la movilidad por carretera -sector que más energía consume dentro del sector del transporte-, la prin­cipal novedad de la Ley es la apuesta por infraestructuras de recarga eléctrica que se ubicarán a lo largo de la geo­grafía española, sin duda una apuesta interesante en torno al impulso del uso de combus­tibles alternativos a los fósiles.

Hacia un nuevo modelo de movilidad sostenible: ciudades más saludables y vehículos sin emisiones directas de CO2

La Ley prevé la instalación -de manera progresiva- de pun­tos de recarga en las esta­ciones de servicio que cuen­ten con un mayor volumen de negocio, que actualmente representan tan solo el 10% de toda la red. En concreto, la infraestructura de recarga deberá contar un potencia igual o superior a 150 kW en corriente continua.

Respecto al transporte aéreo, la Ley hace una clara apuesta por la utilización del suministro de biocarburantes, poniendo especial atención en los biocar­burantes avanzados, así como otros combustibles renovables de origen no biológico.

Las principales líneas de ac­tuación en el transporte ma­rítimo pasan principalmente por la reducción de las emisio­nes generadas por los buques en los puertos, el impulso de las autopistas del mar y de las líneas regulares de transporte roll on-roll off o la mejora de la calidad del aire en las instala­ciones portuarias, entre otros aspectos.

En primer lugar, en el articu­lado de la LCCTE se especifica que el Gobierno adoptará me­didas para la reducción – tam­bién de manera progresiva- de las “emisiones generadas por el consumo de combusti­bles fósiles” de los buques, así como de otras embarcacio­nes y plataformas físicas en el momento que se encuentren amarrados en los muelles de los puertos.

La Ley fija en esta cuestión el objetivo de “cero emisiones di­rectas” de este tipo de buques en los puertos de competen­cia del Estado de cara al 2050, añadiendo que se aplicarán medidas de “incentivo econó­mico” dirigidas a estimular el suministro eléctrico o el uso de combustibles alternativos en los buques atracados.

Otro de los objetivos en el marco del transporte maríti­mo es la “articulación y conso­lidación de cadenas logísticas sostenibles con origen y desti­no en puertos”, a través de ini­ciativas que persigan la reduc­ción de emisiones de gases invernadero en los puertos y en las cadenas de transporte -marítimas o terrestres- con inicio o final en los puertos.

La Ley estimulará medidas de “incentivo económico” dirigidas a estimular el suministro eléctrico o el uso de combustibles alternativos en los buques

En el marco del transporte fe­rroviario, la nueva Ley apunta que el Gobierno promoverá el uso del ferrocarril, estable­ciendo las medidas necesarias para su fomento “frente a me­dios de transporte más conta­minantes”, si bien se remite a la futura Ley de movilidad sos­tenible y de financiación del transporte público.

Respecto al transporte de mercancías, la LCCTE señala que el Gobierno establecerá -también de acuerdo a la re­ferida Ley de movilidad- ob­jetivos “de penetración del ferrocarril en el transporte de mercancías” en distancias su­periores a los 300 kilómetros, con el fin mejorar su eficiencia energética y su competitivi­dad. Al mismo tiempo, la Ley también señala que el Gobier­no “elaborará una estrategia de impulso del transporte de mercancías por ferrocarril”.

Por otra parte, la Ley también pone el énfasis en la mejora de los accesos ferroviarios de los puertos y en la competitivi­dad del transporte ferroviario con origen o destino en los re­cintos portuarios, así como su conexión con las plataformas logísticas, especificando que estas últimas se ubicaran en las provincias del interior “en la medida que sea posible”.

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