La Unión Europea avala la ampliación Norte del puerto de Valencia

La Unión Europea ha avalado los trabajos en el interior de la ampliación Norte de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), donde estará ubicada la nueva terminal norte de contenedores. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha respondido que esta infraestructura cumple con la legislación medioambiental de la Unión Europea.

En concreto, el informe realizado por esta institución europea afirma que “la Comisión no ha podido identificar ningún indicio de posible infracción de la legislación medioambiental de la UE”, y añade que “la Comisión considera que los procedimientos de revisión pertinentes previsto por el ordenamiento jurídico español en virtud de la Directiva EIA y/o de la Directiva 2003/4/CE serían el mecanismo más eficaz para buscar la reparación y tratar satisfactoriamente cualquier posible caso de aplicación incorrecta de la legislación de la EU”. La resolución del organismo europeo concluye que “no puede dar más seguimiento a este caso”, respondiendo así a una alegación realizada por un ciudadano sobre esta infraestructura.

La respuesta de esta institución se suma a los recientes reconocimientos de Puertos del Estado y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del ajuste a la legalidad y rigor de los trabajos y proyectos en materia de infraestructuras y de la nueva terminal norte de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV).

En esta línea, hay que señalar el informe realizado por Puertos del Estado donde se asegura que el proyecto de la nueva terminal Norte del puerto de Valencia no precisa de una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA). En el informe jurídico realizado por este organismo se recoge que el proyecto cuenta con DIA favorable y que “las obras comenzaron a ejecutarse antes de cumplirse un año desde la publicación de ésta, por lo que se considera que la DIA está vigente, puesto que no incurre en ninguno de los supuestos de caducidad de las legislaciones en materia de evaluación ambiental, incluyendo la actual Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental”.

Joan Ribó, alcalde de Valencia, durante la reunión con los trabajadores del puerto

Además, hay que recordar que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha determinado la condición de órgano sustantivo de la APV en la actuación de esta infraestructura.

La APV ha querido destacar el respaldo de diferentes instituciones nacionales y europeas a este proyecto dinamizador que combina crecimiento económico con sostenibilidad, y recuerda que cumplirá minuciosa y escrupulosamente con todas y cada una de las observaciones que ha planteado Puertos del Estado y los indicadores contemplados en la DIA.

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, se reúne con los trabajadores del puerto para tratar la ampliación Norte

Por su parte, Joan Ribó se reunió este lunes con representantes sindicales de CPS-Puerto de Valencia para tratar los efectos de la ampliación norte en el empleo. Ribó subrayó que a los problemas de deterioro de las costas, de movilidad, de los materiales para hacer la plataforma y paisajísticos, se debe añadir la destrucción de puestos de trabajo. Según el presidente del comité de empresa de CSP-Puerto de Valencia, Julián Pérez, la compañía perderá más del 50% del tráfico de mercancías cuando se concentre el tráfico de MSC en una única terminal, lo que se traducirá en un centenar de empleos menos.

 “El Ayuntamiento tiene la obligación de velar por los intereses de todos los valencianos y de pensar en función de los costes que puede sufrir el municipio”, manifestó Ribó. En ese sentido, el alcalde enumeró hasta cinco problemas que podría generar la ampliación norte del puerto; se tratan de “cuestiones que perjudican objetivamente a la ciudad y al área metropolitana que se deben resolver”: el deterioro de las costas; el incremento de la movilidad del tráfico de vehículos pesados, es decir, de camiones; la procedencia de los materiales para hacer la nueva plataforma, las consecuencias paisajísticas; y la destrucción de puestos de trabajo. El primer edil se refirió a las denuncias de los representantes del comité de empresa de CPS-Puerto de Valencia que “desmontan” una de las bases del proyecto de la nueva terminal. “Durante la construcción, generaría trabajo”, apuntó, “pero en el momento en que se pusiera en marcha, destruiría, según los representantes de los trabajadores”.

El presidente del comité de empresa de CPS, Julián Pérez, explicó que la ampliación supondrá “un trasvase de mercancías de un lugar a otro, un movimiento interno de una zona a otra, pero no hay tráfico nuevo comprometido”. Así, la compañía perderá más del 50% del tráfico de mercancías cuando se concentre el tráfico de MSC en una única terminal. El “vaciado en nuestra terminal” implicará la destrucción de un centenar de puestos de trabajo de los 300 con que cuenta actualmente “en una primera ola”, ha advertido el representante sindical. Después, “en una segunda ola”, Pérez indicó que la competencia entre terminales comportará “la precarización y la destrucción directa de empleo”. “Hay quien dice que se crearán miles de puestos de trabajo sin ninguna base real para lanzar cifras, cuando la realidad será justo la contraria”, concluyó el representante de los trabajadores.

Joan Ribó reiteró la necesidad de un nuevo estudio de impacto ambiental, tal como acordó el Pleno el pasado 29 de abril “con el apoyo de 31 de los 33 concejales de la corporación y como sugiere el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico”. También ha insistido en su postura contraria a dar por válida la DIA del 2007, “porque lógicamente, si el proyecto inicial de ampliación se ha modificado de una manera sustancial, hará falta un nuevo estudio que lo avale”.

Sobre el pronunciamiento de la Comisión de Peticiones de la Unión Europea avalando el proyecto de la nueva terminal, el primer edil remarcó que se trata de un organismo sin capacidad legislativa ni judicial sobre los casos que recibe y ha insistido en que “como alcalde mantendré una actitud crítica con el proyecto mientras siga planteando serias dudas”. El organismo europeo, al que se refirió el alcalde, “evita hacer un pronunciamiento, puesto que todavía no se han expedido los permisos para la ejecución de las actividades contempladas en la modificación del proyecto, de forma que adjudica en el gobierno español la decisión sobre una eventual ampliación del puerto, tal y como venimos defendiendo desde el Ayuntamiento, cuando decimos que el gobierno central tendría que hacer el pertinente estudio sobre la afección medioambiental”.

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