Las carreteras guipuzcoanas serán de pago para todos los transportistas en el 2023, evitando de esta manera la traba de “discriminación” por la que los dos anteriores intentos de implantar el “pago por uso” fueron anulados por la Justicia. Las Juntas Generales de Gipuzkoa han aprobado la nueva Norma Foral de implantación de un canon para los vehículos pesados de transporte de mercancías en las carreteras A-15 y N-1 en Gipuzkoa.
El Boletín Oficial de Gipuzkoa (BOG) publica el 7 de diciembre la Norma Foral 5/2021 que regula la implantación de un canon por uso para los vehículos pesados de transporte de mercancías en las carreteras AP-15 y N-1 en el territorio.
La adecuación de las vías al sistema que recoge la nueva Norma Foral llevará 12 meses, aproximadamente, por lo que, el nuevo sistema entrará en vigor a finales de 2022 o comienzos de 2023.
Así, se contempla que los 76,352 kilómetros que conforman la totalidad del recorrido de la N-I y la A-15 en territorio guipuzcoano serán de pago. La diputada de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide ha diseñado un nuevo texto por el que “todo el recorrido de las dos vías será de pago” evitando de esta manera la posible interpretación de discriminación -directa o indirecta-, ya que “absolutamente todos los enlaces y todos los movimientos existentes estarán sujetos a canon”.
Los transportistas locales serán lo más perjudicados por la nueva legislación, pues todos sus movimientos serán fiscalizados y pasarán de tener que pagar por el uso de 19 km anteriormente, a cotizar por la utilización de toda la red, cuatro veces más.
El canon guipuzcoano afectará exclusivamente a los vehículos pesados
Hace pocos días informamos de que Bizkaia también se ha adherido al sistema de “pago por uso” de las vías de la red vizcaína, con la adjudicación del contrato para diseñar, operar y mantener un sistema de cobro de peajes automático a camiones en las principales carreteras. Interbiak ha encargado a la UTE Bidelan-Transbisa la instalación de 30 pórticos de control, por valor de 50 millones de euros. Por su parte, Navarra también ha decidido crear una empresa pública que se encargará de la gestión e implantación de peajes, exclusivamente a vehículos pesados, en cinco vías de gran capacidad (A-10, A-15, N-121-A, A-1 y A-68).
La nueva Norma Foral guipuzcoana contempla la instalación de 4 pórticos troncales adicionales y 109 banderolas o semi-pórticos que conllevarán una adecuación de las vías que supondrá una inversión de 25,3 millones de euros. El canon afectará exclusivamente a los vehículos pesados de más de 3,5 toneladas destinados al transporte de mercancías. Las cuantías máximas que fija el proyecto son de 0,22 €/km para los pesados 1, entre 3,5 y 12 toneladas, y de 0,28 €/km para los pesados 2, igual o superior a 12 toneladas.
Las cuantías del canon se determinan en base al principio de recuperación de los costes de infraestructura y está directamente relacionada con los costes de construcción de la infraestructura y con los costes de explotación, gestión del canon, desarrollo y mejora de la red y mantenimiento, incluida la reparación estructural. Los fondos recaudados revertirán en la N-I y la A-15 para, de esta manera, paliar el deterioro sufrido por su uso y mantener un nivel óptimo de servicio.
Una vez implantado, todo el conjunto de la Red de Interés Preferente de carreteras de Gipuzkoa conformada por las autopistas y vías de alta capacidad (AP-8, AP-1, A-15, N-I y A-636) estará sujeto a un sistema de pago por su uso y todos los vehículos pesados que atraviesen el territorio deberán pagar el mantenimiento de las vías de alta capacidad, el llamado “pago por uso”.
Oiarbide señala que España está obligada a implantar esta tarifa en autopistas y autovías para el año 2024 y sostiene que en la gran mayoría de los estados de la UE “llevan años” aplicando el pago por uso en las carreteras de alta capacidad. “Los transportistas lo cumplen en el resto de Europa” pero rechazan “de forma frontal” su implantación en nuestras carreteras” se queja la diputada foral.
Cabe recordar que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) y el Tribunal Supremo resolvieron en contra de las Normas Forales de 2016 y 2018 aprobadas por las Juntas Generales de Gipuzkoa, suspendiendo ambas por “discriminación contra los transportistas foráneos”. La nueva norma no discrimina a ningún transportista: todos deberán pagar de igual forma.
