El Consejo de Ministros aprobó, en su reunión del martes 7 de julio, el Real Decreto-Ley que permitirá a las autoridades portuarias ampliar temporalmente la reducción de las cuotas de las tasas portuarias y de ocupación, y alargar el periodo para reducir la tasa de buque hasta el máximo permitido por la normativa europea que sitúa como fecha límite el 31 de octubre. Esta luz verde adecúa al marco europeo la continuación de las medidas que emprendieron los puertos españoles para aliviar las consecuencias económicas de la crisis del Covid-19 a la comunidad portuaria e inyectar liquidez al tejido empresarial.
Por otra parte, la nueva norma impide que se pueda producir una subida de tasas por aumento de los coeficientes correctores en los casos de autoridades portuarias con rentabilidades negativas en el 2020.
Asimismo, los tráficos regulares de pasaje o carga rodada con los territorios no peninsulares se podrán calificar como tráficos sensibles, prioritarios o estratégicos, que contribuyen al desarrollo económico y social de España en su conjunto.
En el ámbito marítimo, se flexibiliza la normativa a fin de agilizar los trámites de emisión y renovación de certificados, mejorando su eficiencia y en apoyo a la competitividad de los buques de bandera española.
El Real Decreto-Ley del Ministerio de Transportes, aprobado en el último Consejo de Ministros, contiene un conjunto de medidas para la reactivación económica en los ámbitos de los transportes y de la vivienda, para hacer frente al impacto del Covid-19.
El Real Decreto-ley, según el Ministerio de Transportes, supone una inversión en beneficio de empresas privadas del sector del transporte y en materia de reducción de tasas portuarias que asciende a 663 millones de euros.
Transporte aéreo
Por lo que se refiere al transporte aéreo, el Real Decreto-Ley hace obligatorias en España las recomendaciones de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) para la seguridad de pasajeros y tripulaciones de vuelo en el ámbito del Covid-19. Asimismo, incorpora medidas orientadas a facilitar la recuperación gradual y segura del sector, unos de los más afectados por la pandemia, como la flexibilización del arrendamiento de aeronaves, con o sin tripulación, para la extinción de incendios, búsqueda y salvamento; y la adaptación del concepto de aeronaves no tripuladas (drones) al de la normativa de la Unión Europea.
Transporte Terrestre
Por su parte, en el sector del transporte por carretera, se adoptan también importantes medidas. Una de las principales se dirige a restablecer el equilibrio económico de los contratos de gestión de servicios de competencia estatal.
En concreto, en este caso de los contratos de gestión de servicios públicos de transporte regular de viajeros por carretera de uso general, se trata de aliviar la necesidad de liquidez del operador para que puedan seguir prestando un servicio público esencial y, por tanto, garantizar una red de transporte capilar que facilita la movilidad de un importante número de ciudadanos.
Por otro lado, y añadida a la medida anterior, se posibilita una moratoria en el pago del principal de las cuotas de los contratos de préstamos, leasing y renting de vehículos dedicados al transporte público discrecional de viajeros en autobús y al transporte público de mercancías de más de 3,5 toneladas de masa máxima autorizada, en aquellos casos en que experimenten dificultades financieras como consecuencia de la emergencia sanitaria.
Esta medida permitiría un aplazamiento de hasta 250 millones de euros para el transporte discrecional de viajeros y de hasta 330 millones de euros en el caso del transporte de mercancías.
Otra de las medidas adoptadas es la prórroga por 3 meses de la validez de los certificados de inspección técnica de los vehículos (ITV) cuya fecha de inspección esté comprendida entre el 21 de junio y el 31 de agosto de 2020, plazo que se contará desde la fecha de vencimiento del certificado.
Mientras esté vigente esta prórroga, las empresas de transporte público de mercancías y de viajeros titulares de una licencia comunitaria tendrán preferencia en el paso por la inspección técnica periódica en las estaciones ITV.
Aumenta la capacidad de deuda de Renfe hasta los 1.000 millones de euros
Por último, la norma aumenta la capacidad de endeudamiento de Renfe hasta los 1.000 millones de euros, para compensar la caída de demanda e impulsar la recuperación de servicios, y 110 millones de euros a SEITTSA, para atender sus compromisos de obras públicas en el medio plazo.
