Nuevo capítulo en el diálogo está manteniendo el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) a raíz de la situación provocada por la crisis de la guerra con Irán.
Tras una reunión realizada durante la jornada del lunes 30 de marzo, ambas organizaciones han acordado elevar al Consejo de Ministros un nuevo Real Decreto-Ley con medidas adicionales a las acordadas el 27 de marzo.
Entre estas, destaca la modificación de la fórmula de revisión del precio del transporte “en función de la variación del precio de combustible”, según informó el Ministerio tras la reunión. “La fórmula no necesitará revisiones adicionales en futuras situaciones, ya que estará vinculada al precio del combustible antes de impuestos”, subrayó el Ministerio.
En este contexto, el propio Ministerio explicó esta nueva fórmula con un ejemplo: “A fecha de hoy el peso del combustible se incrementaría del 30 por ciento actual al 40 por ciento”.
Otras medidas adoptadas
Otras medidas adoptadas en este paquete fueron: la consolidación, “con rango legal”, de las aclaraciones realizadas el 27 de marzo; así como la obligación de desglosar en la factura el ajuste por variación del precio del carburante prevista en el Real Decreto-ley 3/2022, “eliminando la posibilidad de recoger expresamente en los contratos otra forma de reflejar este ajuste”, recordó el Ministerio. “Asimismo, se asume el compromiso de analizar, en el marco de estas medidas, un tipo sancionador que penalice el incumplimiento de las medidas anteriores”, añadió el Ministerio.
Las partes se comprometen a mantener abierta la negociación
Por último, ambas partes se comprometieron “a mantener abierta” la mesa de negociación permanente “para perseguir los puntos pendientes que dependen de la aprobación de una autorización o de un marco temporal de ayudas de Estado por parte de la Comisión Europea”.
En la reunión estuvieron presentes la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena; la directora general de Transporte por Carretera y Ferrocarril, Elena Atance; así como el director general de Tributos, Jorge Ferreras, quien representó al Ministerio de Hacienda; y el director general de Política Económica, Javier Muñoz, en representación del Ministerio de Economía.
