Los transportistas portuarios piden claridad para la renovación de sus flotas

Responsables de Fenatport y de Sintraport, colectivo que aglutina a los transportistas autónomos del puerto de Barcelona, se han reunido para analizar los problemas derivados de la adaptación de las flotas de camiones  a las nuevas normativas de movilidad.

Asimismo, la reunión, a la que ha asistido Víctor González, presidente de Fenatport y una parte importante de la Junta Directiva de Sintraport, encabezada por su presidente, Jorge Fernández, ha permitido poner en común la situación en que se encuentra el transporte portuario frente a la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona (ZBE). Una ZBE que finalmente los colectivos de transportistas consiguieron que el Área Metropolitana de Barcelona demorase su entrada en vigor para los vehículos pesados hasta el 1 de enero del 2022, lo que evitó una macha lenta de camiones convocada para este 31 de mayo.

Así, Fenatport (Federación Nacional de Transportistas Portuarios) ha mostrado su preocupación por una situación que se produce ahora en Barcelona pero que en breve se trasladará al resto de ciudades de nuestro país como es la renovación de flotas, Una realidad ante la que los transportistas piden unificar criterios, evitando de este modo situaciones que dificultan aún más la renovación de flota que el sector debe realizar para adaptar sus vehículos a la normativa europea.

En este sentido, Jorge Fernández, presidente de Sintraport, ha manifestado “la voluntad del sector de adaptar sus vehículos a los nuevos requerimientos, si bien lamenta la incertidumbre que genera una situación en la que el profesional no es plenamente consciente sobre cual es la inversión más adecuada para realizar dicha renovación”.

Sintraport reclama, asimismo, que “se valore la posibilidad de acceder a ayudas específicas que permitan a su colectivo, plantear propuestas unificadas de renovación de flota”. Por su parte, el presidente de Fenatport, se ha comprometido a solicitar una reunión con “Puertos del Estado, para trasladar la situación y la incertidumbre que viven los profesionales en los puertos españoles ante un cambio inminente frente al que cabe realizar una importante inversión económica sin suficientes garantías jurídicas a medio plazo”.