Macrodemanda contra las petroleras Repsol, Cepsa y BP por infracciones a la competencia

El recorrido judicial de la macrodemanda del sector del transporte por carretera contra el denominado Cártel de la Petroleras ha dado sus primeros pasos judiciales con la presentación de una demanda, el pasado 29 de diciembre, en los jugados de lo mercantil de Madrid y Castellón.

La reclamación, cifrada en más de 100 millones de euros, va dirigida contra las compañías Repsol, Cepsa y BP, y tiene su fundamento en las actuaciones de vigilancia llevadas a cabo por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) durante los últimos años. Estas actuaciones dieron lugar a una primera resolución sancionadora en Julio de 2009 contra las tres principales petroleras que operan en España, sanción posteriormente confirmada por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Durante los siguientes años, la CNMC a través de sucesivas Comisiones de Vigilancia constituidas al efecto han venido confirmando que dichas prácticas restrictivas de la competencia se han seguido produciendo hasta la actualidad. Las demandas se han presentado en las jurisdicciones donde las firmas tienen sus sedes sociales.

Se trata de la primera demanda colectiva interpuesta por parte de 3.500 empresas transportistas y autónomos ante los juzgados y en ella se ha reclamado un importe conjunto superior a los 100 millones de euros en concepto de daños y perjuicios que les ha supuesto la compra del combustible durante todos estos años por un precio superior al que debería haberse pagado de no existir tales pactos. Dado que de momento sólo participan en la demanda un número reducido de transportistas y que permanece abierto el plazo de adhesión de otros miembros de la Plataforma de Afectados por las Petroleras, el importe de la demanda podría multiplicarse por diez. 

Una historia de 14 años

La CNMC, en sus resoluciones, ha venido constatado que las operadoras continúan incurriendo todos estos años en prácticas y pactos anticompetitivos mediante los cuales fijan un precio de venta del combustible en detrimento de las estaciones de servicios independientes y, por lo tanto, también en contra de los intereses de los transportistas y de los ciudadanos en general, al restringir la competencia entre las estaciones de su red y el resto de las estaciones de servicio no abanderadas.

La resolución en contra de las petroleras provocó un cambio en las condiciones contractuales de las estaciones de servicio abanderadas, pero ello no les exime de hacer frente a acusación de prácticas contra la competencia de los diez años anteriores. Además, desde Fenadismer, una de las Asociaciones de transportistas promotoras de la demanda junto a Fatrans, se sospecha que el fraude en los precios prosigue en la actualidad. Ponen como ejemplo que, frente al descenso del 60% de los precios del petróleo en los primeros meses de la pandemia, la bajada en los carburantes fue de apenas un 10%. 

Fuentes conocedoras del caso indican que se trata de la mayor demanda colectiva impuesta en nuestro país y que podría ser mayor pues la Plataforma agrupa a unos 3.500 demandantes, lo que supone menos de un 5% de los afectados. Así, desde Fenadismer se avanza la presentación de una segunda demanda en los próximos meses.