Todos los partidos políticos de Navarra, excepto NA+, se han puesto de acuerdo para cargar sobre las espaldas del transporte por carretera el grueso de la financiación de las obras públicas de la Comunidad Foral. Se impondrá a los vehículos pesados un “peaje por uso” en cinco vías de alta capacidad, según el acuerdo al que ha llegado la Mesa de Trabajo sobre financiación de carreteras y otras infraestructuras viarias con objeto de seguir avanzando en la cohesión social y territorial de la Comunidad, así como en la seguridad vial. Queda para una próxima reunión la concreción de cuestiones de carácter específico para cerrar los flecos de una medida que no es del gusto de las asociaciones de transportistas.
Una empresa pública
La posición del ejecutivo foral en este asunto ha sido errática en este punto: de pretender implantar un peaje a todos los vehículos a que esto se haga solo sobre los pesados, pasando por la versión de “vías libres de peaje” y terminando con la creación de una nueva empresa pública para gestionar el nuevo gravamen.
Los grupos reunidos inciden en que “se mantienen y se van a mantener reuniones y contactos permanentes con las asociaciones de transportistas Anet y Tradisna con el fin de continuar abordando sus propuestas, entre las que se encuentra el establecimiento de una posible política comercial”. Pero desde estas asociaciones se rechazan los peajes. Así, en declaraciones a medios de comunicación, Alberto Latorre, Coordinador de Tradisna, ha dicho que “implantar peajes a los vehículos pesado en las principales vías es disparatada y discriminatoria”. Por su parte, el secretario general de Anet, Ignacio Orradre, considera que “hemos pasado de ser héroes aplaudidos a destroza carreteras».
Y es que el la propuesta del Departamento de Cohesión Territorial, dirigido por Bernardo Ciriza, pasa por crear una empresa pública que se encargue de la gestión e implantación de peajes “exclusivamente a vehículos pesados” en cinco vías de alta capacidad que son, la A-10 (autovía de la Sakana), A-15 (autovía de Leitzaran), N-121-A, A-1(entre Ziordia y Etxegarate) y la A-68 (entre Castejón y Cortes). Esta alternativa, que se fundamenta en los principios europeos de “quien usa paga” y “quien contamina paga”, el acuerdo hace hincapié en que son los vehículos pesados “los que tienen un mayor impacto” en el deterioro de las carreteras así como en la contaminación.
Financiar las infraestructuras
La propuesta del Departamento de Cohesión Territorial se fundamenta en la directiva 2004/35/CE de la Comisión Europea y en que la tarificación a vehículos pesados en vías de alta capacidad se encuentra ampliamente extendida en la Unión Europea. Países como Alemania, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Dinamarca, Suecia, República Checa o Polonia tienen implantados peajes en el 100% del territorio; otros como Francia o Italia en su mayor parte. En este sentido, España, actualmente, es una excepción al respecto. Únicamente el País Vasco los ha implementado en prácticamente todas sus vías de alta capacidad, aunque los tribunales han declarado ilegal el peaje en las vías guipuzcoanas.
La imposición de la nueva tasa permitirá recaudar 45 millones de euros anuales que permitirían abordar las necesidades existentes desde hace años en materia de carreteras. Este es el “carácter finalista” de la media que pretende financiar la mejora de la red viaria que, durante los próximos cuatro años, solo con la ejecución de las obras de la N-121-A y de los túneles de Belate y Almandoz, tienen un presupuesto de unos 168 millones de euros. El Gobierno de Navarra hace “la cuenta de la lechera” y cifra que esta inversión generará 2.400 puestos de trabajo a tiempo completo y 165,8 millones de euros de VAB (Valor Añadido Bruto). En sus previsiones también se contempla que varios sectores económicos se verán beneficiados: los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería, la construcción, las ramas productivas de comercio mayorista y minorista y la fabricación de otros productos minerales no metálicos.
La recaudación fiscal en la Hacienda Foral será, durante los próximos 4 años más de 25,5 millones de euros en los siguientes conceptos: 8,3 millones de Impuesto de Valor Añadido (IVA), 3,9 millones de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), 3,8 millones de Impuesto de Sociedades, y otros 9,4 millones de Cotizaciones Sociales.
