Al hilo de la propuesta del texto plasmado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno español ha presentado en Europa, por el que se implantaría un cargo por el uso de los más de 12.000 kilómetros de autovías, Navarra ha señalado que prosigue sigue con su propia hoja de ruta para implantar la tarificación a vehículos pesados en cinco vías de alta capacidad. Con objeto de financiar y mejorar las carreteras como servicio público, el proyecto afecta a las vías A-10, A-15, N-121-A, A-1 y A-68.
Cabe recordar que Navarra, en virtud de su Régimen Foral, tiene la competencia exclusiva en materia de carreteras, es decir, es la Administración competente para proyectar, construir, financiar y explotar las carreteras de su titularidad integradas en el Catálogo de Carreteras de Navarra. En este sentido, corresponde a la Comunidad Foral decidir sobre el establecimiento de peajes en las vías de su titularidad, entre las que se encuentran todas las autovías que trascurren por el territorio navarro. De tal manera, que será el Gobierno de Navarra y el Parlamento Foral quienes determinen el modelo, como se está produciendo actualmente.
Navarra ya había decidido el año pasado cobrar peajes al transporte pesado
Por su parte, la Administración General del Estado es la competente para proyectar, construir, financiar y explotar las carreteras de su titularidad integradas en la Red de Carreteras del Estado. De este modo, cualquier decisión que pueda adoptar la Administración General del Estado respecto al establecimiento de peajes en autovías solamente puede afectar a las autovías integradas en su Red de Carreteras y no a las de titularidad de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. En Navarra, tan solo existe una vía de titularidad estatal, la autopista AP-68, ya de pago.
Sólo para vehículos pesados
Cabe recordar que hace aproximadamente un año, el Gobierno de Navarra y la mayoría de grupos parlamentarios alcanzaron un preacuerdo consistente en la creación de una empresa pública que se encargase de la gestión e implantación de peajes, exclusivamente a vehículos pesados, en cinco vías de gran capacidad (A-10, A-15, N-121-A, A-1 y A-68).
La propuesta del Departamento de Cohesión Territorial se fundamenta en los principios de “quien usa paga” y “quien contamina paga” de la directiva 2004/35/CE de la Comisión Europea. En este sentido, cabe recordar que los vehículos pesados son los que tienen un mayor impacto en el deterioro de las carreteras, así como en la contaminación.
La tarificación a vehículos pesados en vías de alta capacidad se encuentra ampliamente extendida en la Unión Europea. Países como Alemania, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Dinamarca, Suecia, República Checa o Polonia tienen implantados peajes en el 100% del territorio; otros como Francia o Italia en su mayor parte. En este sentido, España, actualmente, es una excepción al respecto. Únicamente el País Vasco los ha implementado en prácticamente todas sus vías de alta capacidad.
