Plataforma se queda sola y la huelga del transporte sin efecto

La huelga no paraliza los puertos y tampoco los centros de distribución

Este lunes arrancaba el paro indefinido de los transportistas, convocada la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte, con una manifestación que arrancó a las 10 de la mañana en la Plaza Carlos V de Atocha de Madrid, y que se dirigió al Ministerio de Transporte pasando, previamente, por el Ministerio de Agricultura. A pesar de que miles de transportistas, 3.000 según la Policía Nacional, hicieron seguimiento de la marcha, la manifestación no puede considerarse como como multitudinaria, ni se han sumado las principales organizaciones del del transporte por carretera como ya habían anunciado. Inclusive, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, destacó este mismo lunes que la incidencia de la huelga convocada por la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte por Carretera es «mínima» y reveló que se han desplegado 50.000 agentes para evitar disturbios.

Manuel Hernandez
Manuel Hernández, presidente de La Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte (Foto: Europa Press / Marta Sánchez Iranzo).

En lo que se refiere a la actividad de transporte en los puertos de Barcelona, Tarragona, Bilbao, Algeciras y Valencia, por ejemplo, ha sido de normalidad absoluta. Además, la primera jornada de huelga ha empezado sin problemas en los principales centros logísticos como Mercabarna, Mercamadrid o Mercasevilla. Fuentes de Mercabarna han informado a la agencia Europa Press que los camiones aparcados son «los de cada lunes» y que no hay piquetes informativos ni incidentes en las entradas del recinto.

Por lo que se refiere a las demandas de la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte, exige un plan formal de inspección para vigilar que se cumpla la legislación sobre la carga y descarga de camiones y los precios de contrato. Manuel Hernández, presidente de la Plataforma, insistió durante su comparecencia a las puertas del Ministerio de Transportes en que se incluyeran «sanciones ejemplares» a las empresas que contraten camioneros en condiciones ilegales y en que se debe producir «un aumento del número de inspectores». Lo que pide la organización es un plan formal de inspección para vigilar que se cumpla la legislación sobre la carga y descarga de camiones y los precios de contrato. Manuel Hernández ha puesto mucho hincapié en que se cumpla la Ley de costes para que el transporte tenga una viabilidad.

Pero la realidad es que la huelga no ha sido secundada por ninguna asociación del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) ni por la patronal del sector, ni por los sindicatos. Lo que ha dejado en evidencia de que la organización que lidera Manuel Hernández se ha quedado sola en sus peticiones al Gobierno.

Según ha comunicado el Ministerio de Transporte, la elaboración del plan de inspección (principal exigencia de los transportistas) ya está en marcha y el texto se aprobará a finales del mes de noviembre. «Incluirá, por primera vez, una línea de actuación específica para el control de precios, morosidad y carga y descarga, de acuerdo con la normativa aprobada», señalaron ya el pasado jueves desde el Gobierno. Además, prohíbe que los transportistas perciban por un trabajo menos dinero que el que les cuesta llevarlo a cabo. También prohíbe que sean los camioneros los que carguen y descarguen los camiones, pero ninguna de estas dos cuestiones se está respetando, según denuncian desde Plataforma. 

Desde que se publicó la Ley de transporte se han habilitado dos vías de denuncia: la oficial y la anónima. La primera exige que se identifique al infractor y la infracción cometida y que se facilite la información necesaria para que la inspección sea eficaz. La segunda está abierta a través de un buzón al que se puede enviar información sobre incumplimientos que puedan ayudar a la inspección.

Este buzón ha recibido 88 denuncias de particulares de entre las 105.000 empresas de transportistas. El Gobierno asegura que «estas denuncias anónimas se están depurando, y la mayoría de ellas no dan información suficiente para poder iniciar una inspección o no se acogen a los supuestos sancionables». En cuanto a las denuncias oficiales, el Ejecutivo niega haber recibido ninguna, en contra de lo que sostiene Hernández.