El presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, se ha reunido este miércoles con los responsables de las 28 autoridades portuarias españolas tras su recién nombramiento hace un mes. Durante el encuentro, se han abordado cuestiones como la “urgente necesidad” de adaptar el marco normativo para el despliegue del Onshore Power Supply (OPS), el sistema que permite electrificar los muelles portuarios para que los buques puedan apagar sus motores auxiliares en puerto.
En este sentido, el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible propone modificar el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, así como la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico. Adicionalmente, la CNMC, a través de la Circular 3/2020, establece un plazo hasta este año para definir los peajes transitorios que favorezcan el despliegue de estas infraestructuras.
En todo caso, según Puertos del Estado, la coordinación con las autoridades portuarias, la CNMC, los distribuidores eléctricos y el sector naviero es “clave para cumplir los plazos, que establecen un periodo transitorio entre el 2026 y el 2029 para que en el 2030 los puertos obligatoriamente suministren energía eléctrica, tanto a portacontenedores como a cruceros y ferries”.
Observatorio ETS
Paralelamente, durante la reunión también se han analizado los trabajos realizados en torno a la revisión que la Comisión Europea hará en el 2026 sobre el ETS. Al respecto, y como ya avanzamos en El Canal, Puertos del Estado puso en marcha este mes de abril el Observatorio EU-ETS, cuyas conclusiones buscan ayudar a articular las negociaciones del sector con Bruselas.
Desde el Ministerio de Transportes expresan la “preocupación” sobre los efectos del ETS sobre la competitividad portuaria por la “pérdida de tráficos estratégicos, deslocalización logística y el aumento de costes operativos”. Pese a ello, añade, “España es líder en la implementación y ha sido el primer país en crear sistemas de control y recaudación de derechos ETS para buques”.
En este contexto, en la reunión se ha advertido del riesgo de que las normativas de la Unión Europea y de la Organización Marítima Internacional (OMI) vayan por caminos distintos, de fragmentar los mercados marítimos, así como de generar ineficiencias y erosionar la competitividad de los puertos europeos, especialmente los españoles.
El Ministerio de Transportes enfatiza que “es fundamental lograr una convergencia normativa real entre las medidas europeas y la estrategia global de la OMI para liderar una transición ecológica ordenada y justa en el transporte marítimo”.
