El principal objetivo de la reforma aduanera es adaptar la Unión Aduanera de la UE a una serie de desafíos, de manera que la UE siga pudiendo facilitar su comercio internacional.
El principal objetivo de la reforma aduanera es adaptar la Unión Aduanera de la UE a una serie de desafíos, de manera que la UE siga pudiendo tanto facilitar su comercio internacional (que alcanza un valor de 4,3 billones EUR en el 2021, es decir, el 14% del comercio mundial) como proteger algunos de los ingresos financieros de la UE, así como la seguridad y valores de sus ciudadanos.
Estos desafíos son fundamentalmente tres: (i) el aumento del comercio, en particular del comercio electrónico; (ii) el incremento de normas de carácter no fiscal aplicables sobre los bienes, y que se espera que las aduanas controlen y (iii) las crisis geopolíticas.
Se han identificado tres causas principales de esta dificultad para adaptarse a los nuevos desafíos. La primera es la complejidad de los procesos aduaneros, tanto para los operadores como para las propias aduanas. La segunda es la complejidad de los sistemas informáticos que aplican las normas aduaneras y la tercera es una gobernanza que no permite actuar “todos a una”. La Comisión Europea propone reformar esos tres elementos para que la Unión aduanera pueda hacer frente eficazmente a los desafíos mencionados.
¿Quién se ve principalmente afectado por las reformas? ¿Se ven afectados los importadores y las plataformas en línea por igual que los fabricantes y las industrias productoras (los campeones clásicos de exportación)?
La reforma aduanera tiene tres ejes fundamentales. El primero, la simplificación de los procesos aduaneros, busca facilitar el cumplimiento de los requerimientos y formalidades aduaneras en general y muy especialmente para los operadores económicos cuyo historial de cumplimiento justifica que se les otorgue un nivel de confianza mayor. El objetivo de la reforma es construir, sobre la base del actual programa de Operador Económico Autorizado, un nuevo programa para los operadores que estén dispuestos a compartir sus datos con aduanas. Estos operadores pueden ser tanto grandes como pequeños, el elemento fundamental será la transparencia y la asunción de responsabilidad con respecto a los bienes importados y exportados. Dichos operadores serán objeto de menos controles, lo que permitirá a las aduanas orientar sus recursos hacia aquellos con un perfil de mayor riesgo.

El segundo eje es la creación de un centro de datos aduaneros de la UE para obtener una visión de conjunto de las transacciones comerciales europeas. Todos los operadores, desde los tradicionales hasta aquellos del comercio electrónico, podrán proporcionar la información sobre sus importaciones y exportaciones en toda la UE a través de una única interfaz digital. Los distintos agentes que intervienen en el traslado de las mercancías, así como los representantes, también proporcionarán sus datos a través de esta herramienta. El objetivo es recoger datos de primera mano procedentes de sistemas comerciales y logísticos, plataformas web y otras fuentes, con una reducción complementaria de la dependencia de datos de terceros. La información estable sobre las cadenas de suministro podrá reutilizarse para importaciones o exportaciones posteriores. La reforma debería beneficiar, en particular, a las pyme, eliminando los obstáculos al comercio y ayudándolas a expandirse, pues la interacción con aduanas será más sencilla que con los actuales 27 entornos informáticos nacionales.
El tercer eje es la reforma de la gobernanza de la Unión Aduanera, mediante la creación de la Autoridad Aduanera de la UE. Contará con un Consejo de Administración compuesto por representantes de los 27 Estados miembros y de la Comisión, y un Comité Ejecutivo, que permita una correcta representación de los Estados miembros en la toma de decisiones y en la gestión cotidiana de la Autoridad. La Autoridad Aduanera de la UE no eliminará competencias de los Estados miembros ni modificará sus responsabilidades en la frontera. Llevará a cabo la gestión de riesgos a nivel europeo y la coordinación de crisis en la UE. Este enfoque se refleja en todo el proceso de reforma: la unión aduanera debe basarse en la colaboración y promover una aplicación más armonizada de los procesos aduaneros a nivel operativo.
¿Qué ocurre con el comercio electrónico?
El comercio electrónico precisa de un enfoque distinto, adaptado a sus particularidades. Los envíos de comercio electrónico, por ejemplo, los procedentes de plataformas en línea que facilitan la venta de mercancías desde fuera de la UE directamente a los consumidores de la UE, plantean un reto importante para la supervisión aduanera. El número de declaraciones de comercio electrónico ha aumentado drásticamente en los últimos años; representa más del 70 % de todas las declaraciones aduaneras de importación pero menos del 1% del valor total importado. La supervisión aduanera de este tráfico requiere muchos recursos pero tiene un efecto insignificante. Por otro lado, los consumidores necesitan poder confiar en el precio final de sus adquisiciones y un sistema de responsabilidades que recaiga en operadores económicos profesionales, no en ellos. Además, la actual exención de derechos para las mercancías de hasta 150 euros se ha convertido en una laguna que se aprovecha sistemáticamente, declarando valores más bajos o fraccionando artificialmente los envíos para permanecer por debajo del umbral. En consecuencia, se pierden ingresos de los presupuestos nacionales y de la UE, los consumidores de la UE también corren el riesgo de comprar productos peligrosos o de verse afectados por tasas inesperadas a la hora de recoger sus envíos, y el resto de empresas del comercio internacional y los comerciantes tradicionales, en particular las pymes, se enfrentan a una competencia desleal.
La reforma aduanera propone dos medidas fundamentales para el fenómeno del comercio eléctronico. Una, la eliminación de la exención arancelaria para bienes cuyo valor no supera los 150 euros. Los consumidores puede que vean un ligero aumento del precio de estos bienes cuando los productos se encuentren fuera de la UE. Sin embargo, estos aumentos serían insignificantes, ya que estamos hablando de importaciones de valor reducido, con lo que los aranceles serían a su vez reducidos, cuando no cero. El eventual ligero aumento de los precios se compensaría con la tranquilidad de que los bienes adquiridos están adecuadamente controlados, seguros y conformes con las normas de sostenibilidad de la UE.
La propuesta de reforma presenta un calendario realista. Prevé una transición que da a las empresas el tiempo que necesitarán para adaptarse y prepararse, y que permite la amortización de las inversiones que se han llevado o se están llevando a cabo bajo el Código Aduanero de la Unión.
De ello se encargaría la segunda medida, la implantación de un sistema centralizado de provisión de datos y asunción de responsabilidad acerca de los productos traídos directamente de terceros países que las plataformas vendan a los consumidores europeos. La mayoría de los operadores en comercio electrónico ya están acostumbrados a los principios subyacentes a la reforma, dado que desde el 2021 se ha implantado con éxito un sistema similar de «ventanilla única» en el ámbito de la recaudación del IVA.
¿Cómo y cuándo deben prepararse las empresas afectadas? ¿Para qué empresas entra en vigor solo en 2032?
La presente propuesta de reforma presenta un calendario realista. Prevé una transición que da a las empresas el tiempo que necesitarán para adaptarse y prepararse, y que permite la amortización de las inversiones que se han llevado o se están llevando a cabo bajo el Código Aduanero de la Unión que entró en aplicación en el 2016.
Las primeras medidas se aplicarán en el 2028 y son aquellas que afectan al comercio electrónico, pues este se considera el problema más acuciante.
A partir del 2032, todos los operadores podrán empezar a utilizar el centro de datos aduanero de forma voluntaria. En el 2038, una vez que el nuevo modelo haya estado en funcionamiento y se haya probado plenamente, el centro de datos será obligatorio y desaparecerán los sistemas nacionales de declaración aduanera.
Todos los plazos, detalles prácticos y planes de aplicación aún deben confirmarse mediante acuerdo entre los Estados miembros y el Parlamento Europeo. Dicho esto, la Comisión Europea mantiene siempre su compromiso de mantener actualizada a la comunidad empresarial para que las decisiones operativas puedan tomarse lo antes posible en el proceso de transición.