El Supremo interfiere en la transferencia de Tráfico a Navarra

El traspaso de las competencias de Tráfico y Seguridad Vial a la Comunidad Foral de Navarra tendrá que esperar, a tenor de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que ha anulado el Real Decreto 252/2023, de 4 de abril, de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Foral de Navarra en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor.

La transferencia acordada por la Junta de Transferencias Navarra – Estado y anunciada con toda solemnidad el 24 de marzo pasado, debía comenzara a ejercerse a partir del 1 de julio próximo de forma paulatina, en un plazo de cuatro años.

El acuerdo, cuyo coste estimado para ejercer el desarrollo de los servicios y funciones a asumir es de 15 millones de euros, recoge diez funciones y servicios de la Administración del Estado que se traspasan a la Comunidad Foral: gestión de sanciones, gestión de autoescuelas y centros de reconocimiento de conductores, cursos de reeducación y recuperación de puntos, campañas de educación y formación vial, vigilancia y control de carreteras, pruebas deportivas o autorización de eventos con vehículos históricos.

Dicho documento establece un período de implementación progresiva y un régimen transitorio, a fin de garantizar la “asunción plena, progresiva y adecuada” por parte de la Comunidad Foral.

Navarra ha previsto incorporar 149 nuevos efectivos de Policía Foral

El RD 252/2023 no es suficiente

Ahora, el Supremo da la razón al recurso presentado por la asociación Justicia Guardia Civil (JUCIL) y razona que esta competencia no está recogida en la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA) y que el Real Decreto no es el vehículo adecuado para realizar este traspaso.

Cabe recordar que la LORAFNA no es un Estatuto de Autonomía sino un pacto entre Navarra y el Estado, ya que se considera que Navarra no es una Comunidad Autónoma, sino una Comunidad Foral, una realidad institucional preexistente a la nueva organización territorial del Estado surgida en 1978.

El Supremo señala que en la LORAFNA no se incluyen referencia a las funciones de Tráfico desempeñadas por la Guardia Civil y que sólo el acuerdo de competencias no es suficiente: Sería necesaria o bien la reforma del artículo 71 de la LORAFNA, o bien mediante una ley orgánica del artículo 150.2 de la Constitución.

Mecanismos para seguir adelante

El Ejecutivo navarro, por boca de su presidenta María Chivite, responde aludiendo a “competencias históricas” y a la Jurisprudencia. Además, señala que se “va a articular el mecanismo necesario para seguir adelante” en las competencias de tráfico.

María Chivite recalca que la Policía Foral “sí tiene competencias históricas” en esta materia, reconocidas “expresamente” antes de la Constitución española de 1978 y aporta como prueba el Acuerdo de la Diputación Foral de 4 de diciembre de 1964, sobre reorganización y funciones de la Policía Foral, que asignaba a ésta la ordenación del tráfico y transporte en estrecha colaboración con las fuerzas de la Guardia Civil y la Policía de Carreteras”.

Acto institucional de la transferencia de Tráfico y Seguridad Vial a Navarra el pasado marzo

Referentes históricos y jurídicos

En el acto de presentación del traspaso, ahora hace un año, el especialista en Derecho de Navarra, Miguel Izu, realizó la contextualización histórica recordado que las instituciones del Reino de Navarra, con anterioridad a su desaparición definitiva en 1836, ejercían en plenitud funciones sobre la construcción y el mantenimiento de los entonces llamados “caminos reales” y sobre la regulación del tránsito de personas y de vehículos.

Para el ejercicio de estas competencias, la Diputación Foral creó, en 1928, el Cuerpo de Policías de Carreteras, que en 1964 cambiaría su denominación por el de Policía Foral de Navarra, que hoy se mantiene.

En lo referido a la Jurisprudencia, la Presidenta navarra se muestra extrañada ante un fallo que “no casa con la Jurisprudencia anterior del propio tribunal”. Se refiere en concreto a las sentencias 219/2018, de 13 de febrero, y 379/2018, 7 de marzo. Se trata, según Chivite de “doctrina constitucional ya consolidada”.