Una cadena de suministro segura

Laura Moreira

Directora de ATEIA-Madrid
Abogada en BCFM

Podemos intuir que lo que se pretende es que todos los operadores que intervienen en las transacciones de comercio exterior obtengan el estatus de OEA con el fin de que la cadena de suministro sea lo más segura posible.

Cuando el nivel de mercancías del comercio internacional, fundamentalmente en los puertos, no era tan significativo como en la actualidad, las autoridades aduaneras podían realizar el control de riesgos de la mayoría de las que entraban y salían de nuestro territorio para garantizar la seguridad. Sin embargo, esta manera de proceder resultó imposible de mantener al aumentar el comercio internacional en mayor proporción que los medios de la Administración. 

El comercio exterior ha cambiado considerablemente en las últimas dos décadas por dos motivos fundamentalmente: la seguridad y la tecnología.

Los ataques terroristas del 11-S obligaron a los Estados a tomar medidas y a adoptar cambios profundos respecto a la seguridad en las cadenas de suministro, viéndose obligados a revisar sus normativas, en ocasiones simples y desfasadas. 

Por otra parte, el desarrollo de la tecnología ha supuesto un incremento considerable de las operaciones de comercio exterior, ya que a golpe de clic tenemos prácticamente cualquier mercancía a nuestra disposición en un tiempo de entrega mínimo. 

La rapidez y eficacia con la que se opera en estos momentos no se podría dar sin un sistema de suministro seguro y controlado en la medida de lo posible. Por ello, en los últimos años se ha acometido una profunda transformación para garantizar cada vez más la seguridad en el comercio internacional y evitar tanto ataques terroristas como la inclusión en el mercado de mercancías prohibidas o relacionadas con actividades delictivas. 

La figura del OEA garantiza la seguridad en el comercio internacional

Para garantizar la seguridad es necesario que exista un control sobre las mercancías y una evaluación sobre los riesgos que en ningún caso puede llevarse a cabo de manera individualizada: vivimos en un mundo globalizado y si el comercio internacional tiene un crecimiento exponencial, para tratar de preservar la seguridad y reducir los riesgos, debe existir una colaboración directa y estrecha entre las autoridades a nivel nacional e internacional y los operadores económicos. 

La evaluación de los riesgos de las mercancías que se venía realizando en función de distintos criterios, por el país de origen-destino o por su propia naturaleza, requería un nivel más para mantener tales riesgos bajo control, y ello se ha conseguido a través de la figura del Operador Económico Autorizado (OEA). 

Para obtener dicho estatus es fundamental una evaluación previa, por parte de las autoridades, de los riesgos que asume el operador económico que quiere ser autorizado. Por tanto, de superarse esa exhaustiva evaluación, estamos ante una relación de superioridad (la Administración frente al operador) pero de confianza entre ambas partes. 

Convertirse en OEA requiere de una radiografía completa del operador, pues la Administración deberá conocer en profundidad y sin ningún tipo de restricción en qué consiste su actividad, cómo se organiza y administra, cuál es su operativa y qué sistemas informáticos utiliza. Además, analizará a las personas responsables que están detrás de la gestión del operador en cuestión, así como a sus principales clientes y proveedores. 

Evaluado por las autoridades aduaneras

Antes de que la Administración otorgue ese estatus de confianza al operador económico, debe garantizar que los riesgos detectados no impactarán de manera negativa en sus objetivos fiscales y de seguridad. Es evidente que todo operador asume ciertos riesgos en su día a día, pero con esta evaluación a la que es sometido, lo que se pretende es suprimirlos o minimizarlos siempre que sea posible. De este modo: si son riesgos que pueden subsanarse, se propondrán acciones correctivas; si son residuales, se podrán aplicar acciones preventivas; y si no pueden corregirse y se consideran significativos, ello comportará seguramente la denegación del estatuto de OEA.   

Podemos afirmar entonces, que un OEA ha sido evaluado a conciencia y con rigor por las autoridades aduaneras, cumpliendo los requisitos exigidos por la normativa y contando con unos altos estándares de seguridad al margen del tipo de autorización que se solicite. 

Ahora bien, una vez obtenido el estatuto, para que se garantice la seguridad en la cadena de suministro es necesario que el OEA continúe evaluando sus riesgos a través de auditorías periódicas que permitan determinar si hay que aplicar acciones correctivas y/o preventivas, e incluso la necesidad de comunicar a las autoridades correspondientes cambios o situaciones que puedan comprometer el cumplimiento de los compromisos adquiridos. La consecuencia de no realizar una evaluación continua de los riesgos puede suponer la reevaluación de la autorización e incluso su revocación por comprometer la seguridad y poner en tela de juicio la relación de confianza que se adquirió.   

Viendo de dónde venimos y dónde estamos, podemos intuir que lo que se pretende es que todos los operadores que intervienen en las transacciones de comercio exterior obtengan el estatus de OEA con el fin de que la cadena de suministro sea lo más segura posible y que tras la evaluación de los riesgos de cada operación estos no comprometan la recaudación fiscal ni la seguridad.