La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife alcanzó en el 2025 un índice de transparencia del 81,6%, lo que supone una mejora de 28,9 puntos porcentuales respecto al 2023, cuando el grado de cumplimiento se situó en el 52,7%, según la última evaluación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG).
La evaluación analiza el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y aspectos como la accesibilidad, claridad, estructuración, reutilización y actualización de la información publicada.
El CTBG se encarga, por tanto, de promover la transparencia informativa, vigilar que las administraciones cumplan con las normas de publicidad y garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública a nivel estatal.
La información jurídica alcanza el 100%
El mayor grado de cumplimiento del puerto de Tenerife corresponde a la información de relevancia jurídica, con un 100%. Le siguen la información institucional, organizativa y de planificación, con un 88,6%, y la información económica, presupuestaria y estadística, con un 78,4%.
La evolución de la Autoridad Portuaria refleja una mejora continuada en los últimos años. El índice pasó del 19,5% en el 2021 al 33,2% en el 2022, alcanzó el 52,7% en el 2023 y llegó al 81,6% en el 2025.
Tenerife mejora su índice de transparencia en 28,9 puntos desde 2023
Más de 60 puntos de mejora desde el 2021
El presidente del puertos de Tenerife, Pedro Suárez, ha destacado que el resultado refleja “el esfuerzo realizado para reforzar la transparencia y facilitar a la ciudadanía una información pública más accesible, clara y actualizada”.
Suárez ha señalado que el resultado supone “un estímulo para continuar mejorando el Portal de Transparencia y avanzar en una gestión basada en la rendición de cuentas y el buen gobierno”.
Entre los aspectos en los que el CTBG recomienda seguir avanzando se encuentra la publicación de información sobre el cumplimiento y los resultados de los planes y programas, así como la difusión de información estadística sobre los contratos adjudicados, conforme a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
