La reforma aduanera de la UE obligará a empresas, transitarios y administraciones a desenvolverse en un modelo progresivamente menos basado en documentos y declaraciones y mucho más sustentado en datos compartidos. Un cambio el del Código Aduanero de la Unión (CAU) que no eliminará la creciente complejidad normativa, pero que puede abrir una importante vía de diferenciación para los transitarios capaces de convertir esa complejidad en conocimiento, asesoramiento y servicios de valor añadido para sus clientes.
Esta fue una de las principales conclusiones de la mesa dedicada a las novedades aduaneras del XIV Congreso de FETEIA de Tenerife, moderada por Juan Uhia, presidente de la comisión de aduanas de FETEIA-OLTRA. Participaron Nerea Rodríguez, directora del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales; María González, subdirectora del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales; Jaime Luezas, jefe de Área de Servicios a la Comunidad de Puertos del Estado; Martín Fernández, secretario general de FETEIA-OLTRA, y Raquel Peligero, directora de la Agencia Tributaria Canaria.
Simplificar en un entorno cada vez más complejo
La simplificación aduanera abrió el debate, aunque rápidamente quedó patente una de las aparentes contradicciones del nuevo escenario: mientras las reformas persiguen procedimientos más ágiles, el volumen de regulación y las nuevas exigencias continúan aumentando.
Nerea Rodríguez reconoció que las nuevas normativas y aplicaciones pueden dificultar esa simplificación y describió un contexto especialmente complejo, refiriéndose a unas 350 nuevas normas europeas que afectan de una u otra manera a las operaciones y controles.
Raquel Peligero introdujo una perspectiva menos pesimista. La directora de la Agencia Tributaria Canaria recordó de dónde viene la Aduana, con operaciones históricamente acompañadas por una enorme cantidad de documentación, buena parte de la cual ha desaparecido con la digitalización.
Para Peligero, la globalización y una realidad económica permanentemente cambiante obligan a las administraciones y operadores a continuar adaptándose. La simplificación, por tanto, debe analizarse también desde la evolución que ya se ha producido durante los últimos años.
La reforma aduanera de la UE acelera el paso del documento al dato
Juan Uhia recordó que la reforma aduanera introduce numerosos cambios, ante lo que María González la definió como una “gran oportunidad”, aunque advirtió de la importancia de permanecer permanentemente actualizado.
Martín Fernández incidió en que, desde una perspectiva estrictamente aduanera, uno de los grandes objetivos de la reforma sigue siendo precisamente la simplificación. En ese proceso, el EU Customs Data Hub será una pieza fundamental.
El nuevo modelo europeo pretende sustituir progresivamente la actual fragmentación de sistemas nacionales por una arquitectura común de datos. El Data Hub será obligatorio para los envíos de comercio electrónico desde julio del 2028 y posteriormente irá extendiéndose al resto de operaciones, como ya informó El Canal tras la entrada en vigor de la reforma.
Rodríguez apuntó que esta nueva infraestructura permitirá realizar análisis globales de la información disponible, mientras María González puso el foco en la armonización de procedimientos que debería proporcionar el nuevo sistema.
“Hay que dejar de pensar en documentos y pensar en datos”
Jaime Luezas resumió uno de los principales cambios conceptuales que deberán asumir empresas y profesionales: “Hay que dejar de pensar en anexos y documentos y pensar en datos, que no es lo mismo”.
El representante de Puertos del Estado planteó si en el futuro los operadores tendrán que aportar documentación mediante distintas ventanillas o si toda esa información terminará integrándose en el Data Hub. Para Luezas, el verdadero cambio consiste en que las empresas estén preparadas para trabajar con datos que puedan ser compartidos y puestos en común.
El modelo europeo apunta precisamente en esta dirección. El Data Hub está concebido como un único entorno para el intercambio de información entre empresas y autoridades, sustituyendo progresivamente sistemas nacionales actualmente fragmentados.
El comercio electrónico acelera el cambio de modelo
Nerea Rodríguez dedicó también una parte de su intervención al efecto que está teniendo el crecimiento del comercio electrónico sobre las aduanas, una cuestión especialmente significativa por sus implicaciones generales y también para Canarias.
La directora del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales se refirió a los alrededor de 5.500 millones de envíos que debe gestionar el sistema europeo y explicó que el objetivo de las últimas medidas es modificar un modelo que genera un volumen ingente de pequeñas declaraciones.
Desde el pasado 1 de julio, la UE aplica un derecho de aduana temporal de 3 euros por artículo a determinadas importaciones de comercio electrónico de hasta 150 euros procedentes de fuera de la Unión. Esta medida estará vigente hasta julio de 2028 y es independiente de una nueva tasa de tramitación prevista en la reforma.
Rodríguez explicó durante la mesa que esta futura tasa podría situarse en el entorno de los dos euros, que se añadirían al derecho actualmente aplicado. En este punto, la normativa comunitaria establece que el importe definitivo de la tasa de tramitación deberá ser determinado por la Comisión Europea antes de su aplicación, prevista a más tardar para noviembre del 2026.
Más allá de las cantidades, Rodríguez puso el foco en el cambio estructural perseguido por la reforma. El objetivo es avanzar hacia un escenario en el que las grandes plataformas que venden a consumidores europeos asuman una mayor responsabilidad sobre las mercancías introducidas en la UE, facilitando el control aduanero y reduciendo el enorme volumen de declaraciones individuales.
El nuevo Código Aduanero avanza precisamente hacia este modelo: las plataformas de comercio electrónico de terceros países pasarán a ser consideradas importadoras y deberán responsabilizarse de los trámites y del pago de los derechos, en lugar de trasladar esas obligaciones al consumidor final.
Rodríguez señaló además que, desde que comenzaron a desplegarse las nuevas medidas, ya se empieza a observar una reducción de determinadas pequeñas declaraciones y cambios en la forma de operar de las grandes plataformas.
¿Se ha llegado al límite de la burocracia?
Juan Uhia planteó otra de las preocupaciones habituales entre los profesionales: si la acumulación de obligaciones administrativas ha alcanzado un punto en el que puede llegar a dificultar las propias operaciones.
Martín Fernández consideró que sí se ha alcanzado ese límite.
Nerea Rodríguez defendió, sin embargo, que la mayor disponibilidad de datos debe servir precisamente para mejorar los procedimientos. “Nunca iremos para atrás”, apuntó, al tiempo que destacó la necesidad de conseguir una mejor coordinación entre las diferentes administraciones europeas.
Jaime Luezas se mostró optimista respecto a esta evolución, mientras María González llamó la atención sobre la creciente concentración de controles en frontera. Según explicó, diferentes direcciones generales europeas están orientando los controles hacia un mismo punto y confió en que esta estrategia pueda evolucionar progresivamente.
La tecnología no elimina la decisión humana
La digitalización está modificando también la relación entre los profesionales y la Administración. Uhia planteó que para un transitario resulta cada vez más complicado mantener una interlocución directa con los organismos públicos y preguntó si este escenario podría cambiar.
Nerea Rodríguez reconoció que las formas de trabajar se han transformado, aunque recordó que, pese a la introducción de nuevos sistemas y herramientas, “la decisión siempre la toma un técnico”.
Raquel Peligero coincidió en que las nuevas tecnologías son necesarias para mejorar la eficiencia, pero reclamó que su utilización continúe acompañada de la visión humana.
Un único enfoque para los controles en frontera
Las disfunciones entre las diferentes administraciones que participan en los controles fronterizos ocuparon también una parte importante del debate.
Jaime Luezas defendió que el control en frontera necesita un abordaje conjunto, estableciendo las condiciones necesarias para proteger el mercado, pero evitando que cada organismo actúe como una estructura independiente. “Es necesaria una racionalización”, resumió.
Nerea Rodríguez apuntó en la misma dirección y consideró necesario que los diferentes reglamentos, muchos de ellos procedentes de la Unión Europea, puedan responder a una visión más integrada de la protección de las fronteras.
Martín Fernández fue un paso más allá al plantear la conveniencia de disponer de una especie de código paralelo que englobe los diferentes procedimientos que afectan a las mercancías.
Una oportunidad para diferenciar a los transitarios
La mesa terminó trasladando la reflexión a qué espera la Administración de la figura del transitario ante esta transformación.
María González apuntó que los profesionales se encuentran ante el mismo reto que las propias administraciones: tendrán que estar cada vez más preparados para responder a un entorno regulatorio y tecnológico en permanente evolución.
Para Martín Fernández, esta transformación abre una ventana de oportunidades que permitirá diferenciar mucho más a unas empresas transitarias de otras. La capacidad para incorporar servicios adicionales y decidir en qué ámbitos especializarse marcará, a su juicio, diferentes caminos empresariales.
Nerea Rodríguez coincidió en esa lectura y situó la creciente complejidad normativa como una oportunidad directa para el colectivo. Muchas compañías, explicó, tendrán enormes dificultades para mantener internamente todo el conocimiento necesario para estar permanentemente actualizadas y acabarán externalizando ese asesoramiento.
Ahí aparece un nuevo espacio para el forwarder: evolucionar desde la tramitación y ejecución de las operaciones hacia un papel de asesor especializado capaz de interpretar la normativa, gestionar los datos y ayudar al cliente a desenvolverse en un sistema aduanero cada vez más complejo.
La conclusión enlazó, además, con una cuestión que ha acompañado todo el debate sobre la reforma aduanera europea: la simplificación tecnológica no implica necesariamente una menor necesidad de conocimiento. Al contrario, cuanto mayor sea la integración de datos, regulación y controles, mayor puede ser el valor diferencial de aquellos transitarios capaces de interpretar ese entorno para sus clientes.
